En apenas tres años -de los 12 que César Umaginga estuvo al frente de la Prefectura de Cotopaxi- un examen especial de la Contraloría General del Estado detectó una serie de supuestas irregularidades que irían desde el alza ilegal de salarios de los funcionarios hasta nepotismo.

Entre enero de 2007 y diciembre de 2009 el salario del prefecto destituido se elevó en tres ocasiones en base a resoluciones que eran aprobadas por el Consejo. Fue así que en tres años su remuneración mensual pasó de aproximadamente 5.890 a 8.080 dólares, más lo correspondiente a los beneficios de ley de un trabajador. En ese período, según el informe del organismo de control, el Gobierno Provincial realizó un desembolso indebido de 133.314,72 dólares, monto que deberá ser restituido.

Las irregularidades también involucran a los consejeros  Blanca Velasque Tigse, Edmundo Rivera Robayo, Carlos Huilca Casañas, Galo Ibáñez Castillo, Vicente Proaño Beltrán, Carlos Espín Unaucho y Nelson López Melo, y a sus suplentes, por beneficiarse del pago indebido de dietas (pagos por asistir a sesiones ordinarias) y gastos de representación. El monto desembolsado por esos conceptos asciende a 324.528,72 dólares.

En ambos casos Umaginga es señalado porque “en el ejercicio de su función fue ordenador de los pagos, sin observar las disposiciones legales pertinentes. El director financiero Jaime Viteri y el tesorero Milton Culqui también están identificados como corresponsables porque  no realizaron los controles internos necesarios y no objetaron las disposiciones superiores para evitar un perjuicio a la entidad.

En esa anomalía también habría incurrido Blanca Guamangate Ante, entonces viceprefecta y quien desde el pasado lunes reemplazó a Umaginga en sus funciones, por resolución de la Cámara Provincial. Según el examen de Contraloría, a la funcionaria se le canceló 22.593,31 como dietas por sesiones a las que no asistió. Aquello tampoco fue advertido por  el ex prefecto ni por los responsables del departamento financiero.

A ello se suman los casos de nepotismo que beneficiaron a hermanos e hijos de los consejeros. La investigación determinó el pago indebido de 136.501,04 dólares correspondientes a las remuneraciones de ocho personas en  el período comprendido entre el 1 de junio de 2007 y el 31 de diciembre de 2009, cuando se realizo la auditoría.

Los funcionarios señalados son: José Cuchiparte  (hermano político de Umaginga), quien laboró como chofer y percibió ingresos por 15.351,71 dólares; Paulina López, técnica, ganó 24.799,38 dólares; Carlos Ibáñez, asistente administrativo, percibió 24.799,38 dólares; Wilmer Díaz, profesional, ganó  18.983,61 dólares; Santiago Falconí, electricista, recibió 8.111,70 dólares; Jaime Huilca, asistente administrativo, obtuvo 17.534,58 dólares; María Velasque, asistente administrativa, percibió 23.130,47 dólares; y María Guamangate, servidora pública de apoyo, quien ganó 3.790,21 dólares.

Esos montos -determina el examen especial- deberán ser restituidos porque se trata de pagos fundamentados en nombramientos y contratos indebidamente otorgados por tratarse de nepotismo.

Las irregularidades detectadas por la Contraloría motivaron la destitución de Umaginga y el organismo estableció una multa de 5.280 dólares en su contra. La decisión es cuestionada por el ex prefecto, quien anuncia una movilización para el próximo 22 de junio, que estaría encabezada por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), afín a Pachakutik.