El Pleno del Consejo de Educación Superior (CES) aprobó por unanimidad la intervención a la Universidad de Guayaquil, tras la serie de irregularidades detectadas en la institución, entre ellas, el incumplimiento de la gratuidad, del cogobierno, alzas injustificadas de sueldos a funcionarios, entre otros.

René Ramírez, presidente del CES y titular de la Senescyt, señaló que se trata de una medida académica y administrativa de carácter cautelar y temporal, que busca solucionar los problemas que atentan al normal funcionamiento de la institución. Agregó que la acción no implica el cierre del centro de estudios. "Lo que buscamos es que todo continúe en plena normalidad", dijo.

El funcionario explicó que entre las causales que llevaron a tomar la medida están: la violación a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), irregularidades académicas, administrativas y financieras; así como la existencia de situación de violencia.

"Nosotros como reglamento del CES tenemos dos tipos de intervención: uno parcial (áreas administrativas, económicas y académicas en un tema puntual) y el otro integral (todos los aspectos de la gestión universitaria)", indicó.

Según Ramírez, en este caso se trata de una intervención integral y durará un año con posibilidad de prórroga a uno más. El proceso incluye la implementación de un plan de excelencia, para lo que se ha designado una comisión de intervención y fortalecimiento institucional, que estará encabezada por Jorge Kalil y la integrarán también: Lobelia Cisneros, primera miembro académico; Luis Carmenate, segundo miembro académico, Sybil Reyes, miembro jurídico y Luis Rodríguez, miembro administrativo financiero. Todos con amplias trayectorias en la academia y el sector público.

Se trabajará bajo tres principios fundamentales: "la excelencia, la gratuidad y la transperencia", apuntó el funcionario. Añadió que la  comisión designada tendrá que presentar un plan al CES.

Ramírez señaló, sin embargo, que hay acciones que se ejecutarán de manera inmediata: la devolución del dinero a los estudiantes que hayan pagado por servicios considerados dentro de la gratuidad de la educación; la implementación del principio del cogobierno; la regularización de los programas y actualización de la oferta académica al máximo de los procedimientos y normas vigentes en el sistema educativo.

También se suspenderán las relaciones con terceros; así como la eliminación de prácticas de pluriempleo. Asimismo se transparentará la administración del Hospital Universitario.

Informe sobre irregularidades

Según el informe del CES, el organismo recibió un total de 700 denuncias por irregularidades en dicha universidad, de las cuales se destaca el haber incumplido con el principio de gratuidad de miles de estudiantes.

Los anteriores representantes estudiantiles se autoprorrogaron en sus funciones y por más de 4 años no convocaron a elecciones. Algunos de ellos perdieron su calidad de estudiantes, incluso antes de ser electos. Y como agravante, recibieron cargos de docentes o personal administrativo dentro de la propia universidad.

En lo que respecta a la oferta académica, la Universidad de Guayaquil acogió estudiantes en carreras no legalizadas en el CES como politología, misma que fue suspendida durante un tiempo por no estar regularizada.

De los 3 501 profesores que conforman la UG, 63% tiene sólo título de tercer nivel, 37% maestría y menos de 1% Ph.D, únicamente el 2% tienen dedicación a tiempo completo y más de la mitad no cuenta con nombramiento.

Asimismo, en los últimos cuatro años la universidad sub ejecutó un total de $67.789.198,44 de su presupuesto. Esto, en contraste con el excesivo gastos administrativo que asciende al 70% del total de sus recursos.

La oferta está concentrada el 66% en áreas sociales, en educación comercial y derecho. "No se están ofertando carreras que necesita la provincia y el país", sostuvo Ramírez.

Además, la infraestructura científica y tecnológica es deficiente. Mencionó también la ausencia de acceso para personas con discapacidad.

También se han reportado denuncias por pagos de servicios académicos en cuentas particulares, abuso de autoridad y violencia universitaria que ha concluido en casos gravísimos como el asesinato del estudiante Edwin Pérez Chévez en manos de otro estudiante.