El próximo 26 de noviembre se instalará en Quito la Veeduría Internacional que vigilará el proceso de reestructuración de la justicia ecuatoriana. Entre sus primeras tareas está recibir las acreditaciones, designar a un coordinador de entre sus siete miembros y dar inicio a su trabajo que durará 14 meses.

La Veeduría tendrá al menos tres sesiones plenarias durante este lapso, en las que se evaluará el avance del proceso y se elaborarán informes parciales. Al concluir el proceso se emitirá un reporte final que no será vinculante.

El anuncio lo hizo ayer el veedor internacional y juez español Baltasar Garzón, al término de una reunión de trabajo que mantuvo con la ministra de Justicia, Johanna Pesántez; el presidente encargado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Fernando Cedeño y otras autoridades para  definir las condiciones técnicas y metodológicas de la Veeduría.

El ex magistrado español  señaló que además de las reuniones plenarias habrá encuentros sectoriales de los diferentes miembros, que pueden ser individuales o por parejas, y cada semana o cada 15 días, en función de las necesidades. También  garantizó una conexión muy próxima con el equipo de trabajo interno que se conformará y que les mantendrá informados. 

Garzón, quien llegó el domingo  a la capital, comprometió “un trabajo que va a estar muy coordinado y vinculado al proceso de veedurías nacionales a fin de que las actuaciones no sean divergentes, aunque los puntos de vista sean diferentes. Tiene que ser un proceso inclusivo, con independencia”.

Para el experto europeo, la independencia y transparencia está garantizada, ya que las personas que forman parte de la Veeduría de por sí tienen una característica que pocas personas pueden poner en duda, y afirmó que  no ha recibido ninguna directriz ni tampoco la consentiría, ni ninguna sugerencia de cómo debe hacer su trabajo. “Es algo que tenemos que definir nosotros en coordinación con las instituciones, como el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y los distintos actores”, afirmó.

Dijo que para el Gobierno también es importante que esta evaluación sea transparente, e insistió en que el informe final no será vinculante, por lo que será un documento que se pondrá a disposición no solo del Gobierno ecuatoriano, sino de toda la sociedad del país y de las instituciones vinculadas, para que sea tomado en cuenta.

De su lado, el presidente encargado del Cpccs, Fernando Cedeño, indicó que todo el plan de trabajo, técnico y metodológico, estará listo para el próximo mes y ratificó que la coordinación de las acciones estará a cargo del Consejo de Participación Ciudadana.

En tanto, la ministra de Justicia Johanna Pesántez, dijo que la Veeduría significará una inversión de 555.770 dólares y ratificó que a finales de mes iniciará labores.