Tras la disposición gubernamental de elevar los salarios de los periodistas, varios medios de comunicación  han adoptado medidas.

Diario La Hora, por ejemplo, despidió a tres reporteros en dos días: Diego Campos, de la sección Economía; María José Carrera, de Sociedad; y Maribel Quishpe, de Ciudad.      

El 26 de diciembre pasado, el jefe de Información, Luis Vivanco -sobrino del dueño del diario-  reunió al personal para anunciar que  “habrá cambios” y horas más tarde notificó a Campos  que ya no era parte de la empresa  y que le harían llegar su liquidación   a fines de enero.  Al siguiente día, el hijo del dueño de la empresa, Francisco Vivanco, hizo lo propio con Quishpe y Carrera.    

Al ser  consultada por este Diario sobre  los mencionados despidos, Viviana Ortiz, jefa de Recursos Humanos de Editorial  Minotauro (empresa que publica La Hora)  dijo que solo Francisco Vivanco podía referirse al tema, pero no afirmó ni negó lo ocurrido.   

“El argumento que nos dieron fue que el diario no estaba en capacidad  de costear el  incremento de sueldo”, explicó uno de los reporteros cesados. Dos de ellos ganaban $ 400 al mes  y el otro $ 600.

Con el reajuste salarial, los titulados  deben percibir $ 817 mensuales y los egresados $ 675; así también  quienes no tienen título deberán recibir un sueldo de  $550.

La tabla rige para los trabajadores  ubicados en la Comisión Sectorial  22, relacionada con  Actividades Comunitarias,  donde constan los periodistas.

Creo que la liquidación será por despido intempestivo; no sé porque aún no he ido al Ministerio de Relaciones Laborales a averiguar”, expresó uno de los afectados.

“Ahora estoy sin dinero, sin trabajo y con un hijo que  mantener”, lamentó  uno de los  afectados, quien  se siente desprotegido  por los gremios  Unión Nacional de Periodistas (UNP) y  Colegio de Periodistas de Pichincha. “No creo que ellos nos vayan a defender; ya sabemos que son clubes sociales”, cuestionó.

El abogado Sandro Flores explicó que, según el Código del Trabajo, el cálculo de las indemnizaciones se hace en base a la remuneración que  percibía el trabajador  cuando fue despedido, sin perjuicio de pagar las bonificaciones a las que alude el artículo 185 del cuerpo legal.  “El empleador bonificará al trabajador con el 25% del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados”, estipula la norma.

En el  acto de conmemoración por el Día del Periodista, el 5 de enero pasado, Vicente Ordóñez, presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP),   manifestó que los comunicadores afectados por despidos u otras medidas “deben poner la respectiva denuncia”.   

La vicepresidenta de la UNP, Guadalupe Fierro, indicó que la entidad   no brinda patrocinio legal y que lo único que pueden hacer es solidarizarse con los compañeros despedidos. Además solicitó que los  reclamos patronales se  hagan a través de un abogado particular o que se busque asesoría en el Ministerio.

Susana Piedra, presidenta del Colegio de Periodistas de Pichincha (CPP), aclaró que la UNP  no es un gremio sino “nuestro club social” y cuestionó que Ordóñez haya  asumido la defensa de los propietarios de los medios cuando eso “no le compete”.