La mañana del 30 de septiembre del 2010 (30-S) una sublevación policial, aparentemente motivada por la aprobación de una ley que regulaba a los servidores públicos e incorporaba a policías y militares, tomó por sorpresa al Gobierno y a la ciudadanía.

Ese jueves la jornada arrancó antes de las 07:00 y en minutos la noticia de un amotinamiento en el Regimiento Quito N°1 se propagó en el país: Guayaquil, Guaranda, Cuenca, Latacunga y otras ciudades también reportaban incidentes con la Policía, y la ciudadanía  acusaba a la “fuerza pública” de vandalismo.

El recuento

Eran alrededor de  las 7:30  y los policías que habitualmente se concentraban en el recinto  de la Mariana de Jesús para recibir disposiciones, a esa hora ya estaban amotinados. Investigaciones posteriores daban cuenta de que la revuelta se planificó días antes y que altos oficiales participaron en reuniones con actores políticos para delinear el caos que protagonizaron aquel día. Sin embargo, los procesos judiciales para determinar a los responsables de la sublevación continúan.

Pero un elemento que tres años después todavía se discute es ¿por qué un canal de televisión privado había instalado su microonda fuera del Regimiento antes de las 8:00? Hasta ese momento ni  los ministros ni el presidente Rafael Correa sabían lo que ocurría, pero una vez que la noticia se difundió en los  medios también se produjo  el desplazamiento urgente del Mandatario, aún convaleciente por la cirugía de rodilla a la que fue sometido días antes.

Para los analistas, la jornada del 30-S, que dejó cinco fallecidos, fue un claro intento de golpe de EstadoMientras, el mensaje era claro: “la Policía se amotina”, el presidente Correa intentaba conversar con los uniformados que usaron la instrumentación otorgada para proteger a la ciudadanía en contra de la máxima autoridad del Estado. “Esto es una traición a la Patria lo que están haciendo”, sentenció el Mandatario, al ser recibido con  bombas lacrimógenas en el Regimiento.

Una vez que logró ingresar a las oficinas, en un recinto con  cerca de 800 policías sublevados, Correa se dirigió a ellos desde una ventana para explicarles los alcances de la nueva Ley de Servicio Público y sobre cómo había  mejorado la escala salarial durante su gobierno.

Pero al ver que ninguna explicación contuvo la agresividad, se produjo la reacción  que  para  unos desató la crisis y que otros consideran que evidenció la firmeza del Gobierno: “Si quieren matar al Presidente, aquí está, mátenlo si les da la gana y valor, en vez de estar en la muchedumbre cobardemente escondidos”,  sostuvo, mientras aflojaba su corbata y exponía el pecho.

En su intento por abandonar el recinto policial se evidenció -según algunos analistas- el intento de golpe de Estado, pues el Mandatario y su personal fueron atacados con gases y les impidieron volver a sus vehículos. “De aquí no sale vivo, decían algunos”, recuerda el camarógrafo de la Presidencia, Cristóbal Hidalgo, presente aquel día.

La Fiscalía General abrió 32 casos por los hechos del 30-S y hasta el momento hay 214 procesadosCon mucha dificultad logró abandonar el sitio por una puerta que conectaba con el Hospital de la Policía, con la idea de recibir atención urgente. Desde entonces, no fue sino hasta las 20:00 que un operativo especial de policías y militares logró rescatarlo y devolverlo al Palacio.

Pero mientras eso sucedía, en las calles la ciudadanía estuvo desprotegida. Mientras los policías participaban de la revuelta en varias ciudades y recorrían las calles amedrentando a los transeúntes, los delincuentes aprovechaban el descontrol para saquear negocios, sobre todo en Guayaquil, donde los daños se estimaron en cuatro millones de dólares. La mayoría de locales comerciales tuvo que cerrar debido al caos y la falta de resguardo.

Los saqueos en varias  ciudades por falta de resguardo policial dejaron pérdidas por  4’000.000 de dólaresEn la Asamblea Nacional se vivió otra crisis. La Escolta Legislativa, responsable de la seguridad, esa mañana impidió el ingreso de los legisladores que no pertenecían a las tiendas de Sociedad Patriótica, MPD y Pachakutik. Incluso el asambleísta Cléver Jimenez, pasadas las 10:00, envió un correo electrónico pidiendo la renuncia del Presidente y, horas más tarde, reunidos en un lujoso hotel de Quito, los representantes de los partidos de oposición ya pedían la amnistía para los policías sublevados. El saldo: varios asambleístas de Alianza PAIS resultaron heridos y la presidenta (e), Irina Cabezas, tuvo que suspender la sesión del Pleno prevista para esa tarde, pues la ciudadanía ya temía por la integridad del Presidente retenido en el Hospital de la Policía.

Y precisamente desde una sala del tercer piso del hospital, a las 13:00, el Mandatario ofreció una  entrevista telefónica a Radio Pública para confirmar que la casa de salud permanecía cercada y se impedía el libre ingreso de las  personas, es decir, estaba  secuestrado.

Dos horas más tarde la Secretaría Nacional de Comunicación tuvo que disponer una cadena nacional indefinida e ininterrumpida para informar al país. La decisión hizo que la ciudadanía se autoconvoque a la Plaza de la Independencia para exigir la liberación del Presidente y cerca de las 17:00 resuelven, voluntariamente, dirigirse en marcha hasta el hospital para rescatarlo y, con ello, defender el orden constitucional y la democracia.

El operativo de rescate se produjo a las 20:00, con personal élite de la Policía: Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y Grupo de Operaciones Especiales (GOE); así como del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de los militares, lo que propició un enfrentamiento armado.

Fueron minutos tensos, pues la habitación del tercer piso y los pasillos por donde descendía el Presidente hacia  el vehículo que lo trasladaría hacia Carondelet fueron baleados. El resultado: un miembro del GIR, Froilán Jiménez, fue asesinado mientras escoltaba el vehículo. Él, junto con el estudiante de Economía de la Universidad Central, Juan Pablo Bolaños, los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortez, y el policía Efrén Calderón, fueron las cinco víctimas de esa violenta jornada.  

Ese caos solo concluyó cuando el presidente Correa se dirigió a sus mandantes desde el balcón de Carondelet para demostrar que los golpistas fracasaron. Al apoyo de la ciudadanía, que se mantenía en vigilia en la Plaza de la Independencia, se sumó el respaldo internacional. No obstante, ese fue “uno de los días más tristes de mi vida  y también de mi gobierno”, sentenció Correa.

Comisión 30-S aún investiga

Carlos Baca, presidente de la Comisión, asegura que  la revuelta  tiene un “antes  y un después”, pero que de ninguna manera se puede decir que se trató de un acto espontáneo: “Antes hubo todo un proceso de desinformación, incluso de comunicaciones sin firma con la finalidad de manipular a  los sectores policiales”. 

Por ello, la Comisión que preside tiene tres meses más para recolectar evidencias y documentos que    esclarezcan lo ocurrido.   

Para el asambleísta Miguel Carvajal, lo que dejó el 30-S fue una lección: a pesar de la conspiración, el pueblo de Quito salió a defender este proceso democrático y social.

Judicialización

En estos tres años se han emitido 10 sentencias por los hechos ocurridos el 30-S. En esos fallos, los jueces determinaron que 39 personas deben cumplir sentencias que van de 18 meses a 4 años de prisión por los delitos de: homicidio, incitación a la rebelión, tentativa de asesinato, plagio y suspensión de servicios públicos.

Además se investigan los casos por: atentado contra la seguridad interior del Estado, sabotaje a servicios públicos, invasión de edificios públicos con fines delictivos, sedición, sabotaje y terrorismo, insubordinación y sedición policial, y obstaculización de vías.

De las 10  sentencias, 4 fueron en Pichincha, 3 en Guayas, una en  Cotopaxi, una en  Chimborazo y una en  Los Ríos. En total, son 32 los casos que abrió la Fiscalía y se tramitan en nueve provincias: 16 en  Pichincha, 6 en  Guayas, 2 en Los Ríos, 2 en  Tungurahua, 2 en Francisco de Orellana, 1 en  Azuay, 1 en  Cotopaxi, 1 en Chimborazo y 1 en Imbabura. La Fiscalía todavía recaba información documental, audiovisual y testimonial sobre los diversos casos. Hasta el momento hay 214 personas procesadas.

La ciudadanía sigue en vigilia

Ayer los socios de varios colectivos formados después del 30-S volvieron a la Plaza Grande para conmemorar el tercer aniversario del día en que, como ellos califican, venció la democracia.

Alrededor de 200 personas de diferentes provincias se congregaron desde las 10:00 para exigir que se haga justicia y se condene a los responsables de los delitos cometidos ese día. “Desde la ciudadanía queremos generar conciencia social para que esos hechos nunca más vuelvan a ocurrir, no solo con el actual presidente sino con ningún gobierno democráticamente electo por el pueblo”, dijo Nancy Fiallos, coordinadora del colectivo 30-S.

Los colectivos permanecerán en vigilia hasta hoy, para participar de  varios actos que se realizarán en Quito y otras ciudades.