La comisión de investigación, conformada el pasado 10 de junio a partir del decreto presidencial Nº 22, para realizar "una investigación profunda y objetiva" sobre los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, presentó este lunes su primer informe, determinando a los primeros identificados y posibles responsables.

Carlos Baca, presidente de la comisión, señaló que "ciertos actores políticos estuvieron antes, durante y después del 30S, activando el proceso de desestabilización y de conspiración en contra del gobierno democrático, activando los hechos de violencia que se produjeron y que desembocaron en la muerte y las heridas de 5 ciudadanos y decenas de ciudadanos, respectivamente, y también cómo ellos en lo posterior han pretendido señalar de que lo que ocurrió (ese día) fue una farsa".

Así mencionó, por ejemplo, al dirigente indígena y asambleísta de Pachakutik, Pepe Acacho, quien habría determinado que uno de los objetivos en las manifestaciones indígenas que se desarrollaban en esa época, era finalizar con el mandato del presidente Rafael Correa.

También recordó una reunión el 23 de septiembre en Miami, entre el líder del partido Sociedad Patriótica (PSP), Lucio Gutierrez, Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia, y el banquero Roberto Isaías Dassum, en la que se mencionó que si los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez eran eliminados del escenario, el conocido "Socialismo del siglo XXI" terminaría.

Otros de los actores políticos mencionados en este informe parcial fueron: Fidel Araujo, Fabián Pepinos, Xavier Albán Gallo y Galo Lara, todos vinculados al Partido Sociedad Patriótica. Así también Luis Villacís, Juan Borja y Max Marín, del Movimiento Popular Democrático (MPD).

Enrique Herrería, que en 2010 era asambleísta del PSC, también fue nombrado una vez que exigió la amnistía a favor de los policías y militares sublevados. También Cléver Jiménez, de PK, quien pidió la renuncia del presidente Correa, el mismo día de la revuelta policial.

Antes de la revuelta hubo un "proceso sistemático de manipulación y engaño a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía, sobre todo y principalmente, alrededor de la aprobación de la Ley Orgánica de Servicio Público, pero que no se refería solamente a esa ley, sino a otros temas sensibles para ambas fuerzas", dijo Baca.

La comisión también señala que no funcionaron los organismos de inteligencia y existieron omisiones del mando policial aquel día. "Hubo una falta de cohesión entre los oficiales superiores y una ausencia de mando de parte de la fuerza policial", sostuvo.

De su lado, el comisionado Oscar Bonilla manifestó que la primera investigación procesal sobre los hechos del 30S, llevada adelante por el Ministerio Público, encabezado por el exfiscal general del Estado, Washington Pesántez  fue "insipiente y dispersa", además de haber entregado las investigaciones a la propia Policía. "Policías investigando a policías", recalcó.

De acuerdo al decreto presidencial Nº 22, los resultados de la investigación serán presentados a la Fiscalía General del Estado que tiene la potestad judicial para decidir si los mencionados en el primer informe de la Comisión de investigación del 30-S, son cómplices de los hechos suscitados hace tres años.