El 21 de enero de 2000  Jamil Mahuad, trigésimo sexto presidente del Ecuador, es obligado a renunciar  por la presión de miles de ciudadanos ecuatorianos que protagonizaron un verdadero  levantamiento popular que incluía a indígenas, trabajadores, estudiantes y población en general.

Su derrocamiento  ocurrió cuando aún no cumplía dos años de su mandato y constituyó el epílogo de  un ejercicio presidencial errado que provocó la mayor crisis económica, social y política del país. 

La crisis de los bancos

Las causas de la  crisis bancaria de 1999 habría que buscarlas atrás, a partir de 1992, con la llegada de Sixto Durán   Ballén y Alberto Dahik al poder y la puesta en marcha de reformas estructurales siguiendo el Consenso de Washington. Así, en 1994 el gobierno expide la Ley General de Instituciones del sistema financiero, que mermó los controles sobre la banca produciendo “una pésima cartera, créditos vinculados y ausencia de reservas”. Esta liberalización provocó la primera baja importante del sistema bancario: la caída del Banco Continental. (tomado del libro “Ecuador: de banana republic a la no república”, de Rafael Correa, páginas 38, 55 y 56).

Lo anterior pone luz al desgrane bancario que se produjo ni bien Jamil Mahuad asumió el poder el 10 de agosto de 1998.   

Como lo reportan los diarios de aquella época,  el gobierno de Mahuad,  ante los problemas de liquidez y solvencia manifestados por   Filanbanco,  vía Banco Central  le entregó   424 millones de dólares, dinero que cayó en saco roto, pues el banco fue  entregado por sus dueños, los hermanos Isaías, a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). 

De ahí la estampida. En 1999 se cerraron   más de diez entidades financieras, entre ellas  Financorp, Azuay, Finagro, Occidente, Banco del Progreso, Bancomex, Popular, Banco Unión, Banco de Crédito y Banco La Previsora.

El gobierno socialdemócrata  impuso el denominado   salvataje bancario que le costó  a los ciudadanos ecuatorianos más de  8.600 millones de dólares.

La caída del Banco del Progreso y la marcha de los crespones negros 

En marzo de ese año se corrió el rumor de la quiebra del Banco del Progreso. Situación aprovechada por la oligarquía guayaquileña que culpó a la banca serrana de propalar esos rumores   con el propósito de dominar el mercado financiero del país. Se pusieron en acción las Cámaras que buscaron  respaldo en varias ciudades del Litoral para una marcha que se realizaría el 8 de abril, con el propósito de entregar al gobernador del Guayas (Guillermo Lasso) un documento dirigido al presidente.

Sin embargo, según la prensa, el motivo central era apoyar al banquero Aspiazu. Finalmente se realizó la concentración presidida por  Aspiazu Seminario,  entre otros conspicuos miembros de la élite costeña, apoyados por miles de ciudadanos y cuentahorristas, que marcharon por el centro de la ciudad y llegaron hasta el cabildo porteño donde los recibió el alcalde León Febres Cordero.   

Los ciudadanos no tardaron en darse cuenta del engaño cuando, finalmente,  el 13 de julio el  banco fue cerrado por orden de la Junta Bancaria y  su dueño detenido.

La Ley AGD, el  feriado bancario y la dolarización 

En medio de la crisis, en 1998  el gobierno de Jamil Mahuad implementó la   Ley de Garantía de Depósitos (Ley AGD) que    “obligaba al Estado a respaldar el 100%  de los depósitos nacionales y extranjeros, sin límite de monto. Fue el mejor incentivo  para quebrar bancos, puesto que ellos quebraban y el Estado pagaba” (Correa, pp 61). Con el agravante de que dicha ley no tenía poder coactivo.

Después de un corto feriado bancario, por medio del Decreto Ejecutivo 685, de marzo 11 de 1999,  el gobierno de Mahuad ordenó congelar los depositos bancarios, es decir “los patriarcas del neoliberalismo realizaron, talvez, la mayor confiscación de bienes privados de la historia del Ecuador”.

  La mayor parte de dinero retenido  se comenzó a entregar  al año siguiente cuando  el Ecuador ya  estaba dolarizado ( 25 mil sucres por  dólar) mientras que cuando el dinero se congeló el cambio era de 10.350 sucres. El dinero de los ahorristas se hizo agua, “el congelamiento en realidad representó una transferencia de cerca de 2.500 millones de dólares de los depositantes  a los bancos  y a los deudores de la banca, casi siempre, estos últimos los mismos banqueros” (Correa, pp 62-63). 

La creación de los CDR (Certificados de Depósitos Reprogramables) significó la quiebra técnica de la Corporación Financiera Nacional (CFN). Pues la banca recibía los CDR de sus clientes con descuentos de hasta el 60% y se los traspasaba a la CFN al 100% de su valor. También la CFN recibió de la banca cartera incobrable por 425 millones de dólares. (Correa, pp 64).     

Consecuencias sociales

La crisis de 1999 produjo el más rápido empobrecimiento de que se tenga noticia en la región. Producto del cual se considera que aproximadamente tres millones de ecuatorianos salieron del país hacia Europa o los Estados Unidos.
Considerada una verdadera tragedia social porque atrás quedaron miles de niños y niñas que fueron obligados a crecer sin su padre o su madre, en unos casos, o sin ambos, en otros.

En Chunchi, (Chimborazo) donde se determinó que el 60% de los padres de familia son emigrantes, 19 chicos se suicidaron en el 2005. Un  fenómeno que antes no ocurría en el Ecuador. Asimismo, los chicos empiezan a beber alcohol desde  los 13 años (Correa, pp66).

Durante todos estos años la justicia ecuatoriana ha sido muy lenta para juzgar a los culpables. Muy pocos han pagado. En el caso del ex presidente Jamil Mahuad, que vive en  Estados Unidos, el doctor Carlos Ramírez, presidente de la CNJ, se encuentra al momento clasificando los documentos que apoyen   el trámite formal ante las autoridades estadounidenses para su  extradición al Ecuador, donde se le sigue un juicio penal por  presunto delito de peculado.  

Base de Manta     

Usando como pretexto la lucha contra el narcotráfico, en 1998 Jamil Mahuad y el canciller  Benjamín Ortiz  firmaron un convenio con el gobierno de  Estados Unidos, mediante el cual el Ecuador les cedía,  por  lapso de diez años, las instalaciones de la base militar de Manta.

Luego de la caída de Jamil Mahuad. El presidente  Gustavo Noboa y el canciller  Heinz Moeller no solo ratificaron el convenio sino  que lo aumentaron, dándoles a los aviones y naves estadounidenses casi un  estatus de nacionales.

Además, Ecuador, mediante el “Acuerdo Ortiz”, renunciaba a todo reclamo por lesiones, muertes de personas o por daños, pérdidas o destrucción de bienes gubernamentales.  

El nuevo gobierno presidido por el  Rafael Correa decidió no renovar el convenio y en septiembre de 2009, en presencia del canciller  Fander Falconí, las fuerzas estadounidenses abandonaron  las instalaciones, entregando, el día 18 de septiembre la base militar a las autoridades ecuatorianas.