Hoy se cumplen 15 años de la asonada cívico-militar que terminó con el gobierno de Jamil Mahuad, mientras Ecuador estaba sumido en la más grave crisis económica de su historia.  

Con bancos cerrados, los depósitos congelados, una inflación galopante y el anuncio de la dolarización, la Conaie, liderada por Antonio Vargas, convocó a un levantamiento indígena. Días antes del 21 de enero de 2000 se pedía, desde distintos sectores, la salida de Mahuad y la instauración de una junta de salvación nacional.

En ese contexto, en la mañana de aquella jornada los indígenas ingresaron al Congreso, luego de que el coronel Lucio Gutiérrez ordenara romper el cerco militar.

Desde el recinto legislativo, Gutiérrez, Fausto Cobo y otros militares insurrectos, junto con el liderazgo indígena, anunciaron el fin del gobierno de Mahuad, quien horas después abandonó el Palacio de Carondelet.

Gutiérrez, Vargas y el jurista guayaquileño Carlos Solórzano formaron un triunvirato para gobernar el país. El primero fue reemplazado después por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Carlos Mendoza.

Pero a la mañana del día siguiente, Mendoza ofreció su respaldo a la sucesión constitucional para que el vicepresidente Gustavo Noboa asumiera el poder. Con eso se derrumbó el triunvirato, que apenas había durado pocas horas.

Mientras que Mahuad reconocía en una cadena de televisión su derrocamiento. 15 años después solo Gutiérrez sigue activo en la política.

El coronel se convirtió en Presidente de la República en 2005 con el apoyo de grupos de izquierda, incluida la Conaie, pero dos años después también fue derrocado al disolver la Corte Suprema de Justicia y permitir el regreso al país de Abdalá Bucaram.    

Al mando de Sociedad Patriótica, aún continúa con sus deseos de volver a la presidencia. Vargas fue ministro de Bienestar Social en el gobierno de Gutiérrez. Esa fue su última actividad pública.   

Solórzano y Mendoza, luego del triunvirato, regresaron a sus actividades privadas. Mientras que Mahuad se encuentra en Estados Unidos.

Desde allí ha ofrecido perdón a los ecuatorianos por sus políticas económicas, las cuales justifica como el mal menor. El año pasado la Corte Nacional de Justicia lo condenó a 12 años de prisión por malversación de fondos debido al congelamiento bancario.