El Gobierno reiteró ayer que la compra de renuncias obligatorias a decenas de trabajadores públicos tiene como objetivo dar mayor eficiencia al Estado y abrir paso a los jóvenes.

Durante una entrevista radial, el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, aclaró que las vacantes no serán cubiertas con simpatizantes del movimiento oficialista PAIS.

El funcionario indicó que se realizarán concursos de méritos y oposición para que  personas capacitadas  entren a trabajar en el Estado. 

“Las vacantes no van a ser para cuotas políticas, en absoluto. Van a ser ocupadas a través de un proceso de verdadera meritocracia”, acotó.

Declaraciones similares emitieron los ministros de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, y de coordinación Política, Doris Soliz.

En una cadena nacional, transmitida la mañana de ayer, Soliz dijo que durante años el Estado se llenó de gente ineficiente por lo que este Gobierno iba a resolver el asunto. Además, indicó que se han duplicado funciones y en otros casos los cargos ya no son necesarios.

Mientras que, Espinosa explicó que los funcionarios públicos reciben 5 salarios básicos unificados por año de trabajo (1.320 dólares) hasta llegar a un tope de 39.600 dólares.

La compra de renuncias obligatorias empezó el viernes pasado en varias instituciones del Estado y continuó ayer, según reportaron los gremios de burócratas  que ya han anunciado protestas.

Ayer, 700 funcionarios públicos fueron notificados como parte del proceso de cesación de funciones por compra de renuncias con indemnización,   anunció  Espinosa.

El Ministro además explicó que los procesos de compra de renuncias responde a la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 813, publicado el 7 de julio del 2011 en virtud de procesos de reestructuración, optimización de la función pública.

Este decreto, que sirve de marco jurídico, está demandado ante la Corte Constitucional, que deberá analizar la legalidad del documento. El organismo aún no se pronuncia, pero si el Gobierno pierde la demanda todo el proceso caerá.

Espinosa manifestó que como parte de las acciones inmediatas que emprenderá el Gobierno para cubrir las plazas está el lograr la revalorización del servicio público.

El secretario de Estado explicó que en lo que va de 2011 han salido alrededor de 250 personas por jubilación. El viernes pasado cerca de 2.000 personas salieron, ayer se notificó a  700 personas y hasta fin de año se espera que 1.100  personas más dejen el servicio público, la mayoría   por jubilación.  En total se prevé que 4.700 trabajadores abandonen sus funciones.

Trabajadores en marcha

Mientras tanto, los gremios de trabajadores públicos planifican protestas e incluso demandas internacionales ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Como parte de estas acciones, los trabajadores de la salud y estudiantes se reunieron en la mañana,  en la Facultad de Medicina de la Universidad Central, para organizar una marcha de protesta al decreto para el 10 de noviembre.

Por su parte, el gremio de enfermeras del país se concentró en su  sede, ubicada al norte de Quito, para organizar la marcha de mandiles blancos, con la cual prevén hacer un llamado al presidente de la República, Rafael Correa, y, al ministro  Espinosa, para que deroguen la medida o atiendan sus pedidos.

Acciones legales

Las primeras acciones legales en contra del decreto, aseguró Mario Morales, presidente de la Federación de Trabajadores de Pichincha, se realizaron  hace dos meses, “tras conocer de la publicación del Decreto Ejecutivo se acudió hasta la Corte Constitucional (CC) para  plantear un recurso de protección, sin embargo nunca recibimos una respuesta o un llamado de las autoridades para plantear nuestra postura”.

Morales dijo que son 3.000 trabajadores afectados por la medida, que incluye a especialistas, jefes de servicio de hospitales, profesionales médicos y enfermeras,  dirigentes gremiales, sindicales y de asociaciones de trabajadores.

Morales reiteró que se agotarán todas las instancias nacionales, pero está claro que con la compra de renuncias se    violan  los derechos de los trabajadores ecuatorianos, por lo que se llevará el caso a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En tanto, Carlos Figueroa, secretario ejecutivo de la Federación Médica, anunció que se prepara una demanda en contra del Gobierno que se presentará hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La reunión para preparar el documento, que será entregado a la Organización Mundial del Trabajo (OIT) y  a la CIDH, se discutió en la reunión que mantuvieron los trabajadores de la salud en la Facultad de Medicina de la Universidad Central (UCE), ayer al mediodía.

Otros trabajadores han anunciado que presentaron ante los juzgados recursos de protección para regresar de manera inmediata a sus puestos de trabajo.

En los bajos de la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil, militantes del Movimiento Popular Democrático (MPD) realizaron un plantón. Otra acción similar se efectuó en la plaza San Francisco, que fue  organizada por el Colegio de Médicos.

En Quito, una marcha de servidores públicos recorrió el Centro Histórico de la capital y llegó al Palacio de Carondelet, con el objetivo de llevar la queja ante el Primer Mandatario.

La compra de renuncias se efectúan en  el Sistema de Rehabilitación Social, Ministerio de Salud Pública, Banco Nacional de Fomento, Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, y el Consejo Nacional de Aviación Civil.