Desde hace tres años unos 1.500 trabajadores de la compañía telefónica Conecel S.A.  siguen un juicio contra la empresa en reclamo del pago de 127 millones de dólares por concepto de utilidades,  un caso que aún está pendiente de un dictamen.

La empresa subsidiaria del grupo mexicano América Móvil, que recientemente cambió el nombre de su marca  Porta a Claro, opera en el país desde 1993 y tiene más de setenta mil puntos de venta.

Duval Díaz, procurador de los ex trabajadores, explica que en 2006 la empresa facturó  700 millones de dólares y solo pagó 700  a cada empleado por concepto de ganancia anual. Mientras que en 2007 registró ingresos por 875 millones y entregó un promedio de 15.000 dólares por trabajador.

Ante esto, como primera reacción, los empleados  exigieron ante su patrono el pago del valor real de las utilidades, porque observaron que la diferencia de los valores entregados entre 2006 y 2007 eran abismales.

Sin embargo, la compañía se negó  a realizar dichos pagos por lo que en 2008 los ex trabajadores presentaron una demanda ante la Dirección Regional de Trabajo reclamando el pago de 127 millones  de dólares de 2003 a 2006.

Dicha  demanda cobró especial connotación, ya que motivó que el Servicio de Rentas Internas (SRI)  realizara un examen tributario a Conecel, que determinó que la compañía tenía una evasión fiscal de  $ 127 millones entre los años 2003 y 2006, señala Díaz.

El delito tributario fue notificado  por el SRI, que recomendó que se siga un proceso contra  Conecel S.A., que impugnó la demanda.

En su momento, Conecel argumentó que  recién en 2006 comenzó a pagar utilidades a sus empleados, pues hasta el 2005 se amortizaron las inversiones que se realizaron en la empresa desde el 2000.

Según Díaz, la demanda de evasión fiscal al igual que el reclamo laboral  quedaron estancados debido a la falta de celeridad de las autoridades judiciales.

“Las reglas son claras, así como los beneficios establecidos  para el trabajador, simplemente estos empresarios no cumplen  con la ley y no tributan al Estado ni pagan los beneficios a sus empleados”, mencionó el dirigente.

Ante esto, el demandante hace un llamado  a las autoridades de la Primera Sala del Tribunal Fiscal del Guayas para que aceleren el proceso. “Ya se debería emitir la respectiva resolución, pero no se lo hace por la  inoperancia de las autoridades administrativas y judiciales”, agregó el procurador.

Dentro de este pleito judicial,  la telefónica también presentó una demanda por injurias contra Díaz, al que sentenciaron a cuatro meses de prisión, pero un juez revocó el dictamen.