Cerca de 3.700 servidores públicos de nivel jerárquico superior, entre ellos, presidente y vicepresidente, ministros y secretarios de Estado, coordinadores generales, 2.400 directores de instituciones públicas,  pasarán a formar parte de un sistema de remuneración variable que busca que los sueldos de los funcionarios se ajusten a los objetivos que persigue cada entidad.

Así lo dio a conocer ayer el presidente Rafael Correa, en el marco del enlace ciudadano, que se desarrolló en Amaguaña (Pichincha), quien afirmó  que será el primero en ser evaluado. Explicó que se pretende que todo incremento salarial en el sector público sea variable y así que los empleados cuenten con un sueldo fijo, pero que puedan percibir un adicional de hasta un 50% más, siempre y cuando cumpla con los objetivos institucionales. 

Por este motivo, el sistema medirá tres variables: desempeño institucional, de la unidad de servicios en donde labora el empleado y un análisis personal del trabajador.

Richard Espinosa, ministro de Relaciones Laborales, expresó que esta herramienta viene de la  Ley Orgánica del Sector Público y que es parte del modelo de  “gestión del Gobierno por resultados”. Explicó que en el sistema serán analizados los modelos nacionales y sectoriales, así como el cumplimiento de los  compromisos prioritarios para el Estado. Además se emitirá un certificado de calidad de cada institución, que será emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales.

Precisó que desde marzo se notificará a los empleados de libre remoción y en abril se realizará la  evaluación. En noviembre, finalmente, los trabajadores verán reflejado el incremento en los sueldos, siempre y cuando cumplan con sus objetivos. Correa precisó que la  calidad del servicio público a los ciudadanos será tomado en cuenta en la evaluación.

Los delitos flagrantes

En otro tema, el Mandatario afirmó  que, junto con el Ministerio de Justicia  y el Consejo de la Judicatura, se trabaja en un plan para reducir el tiempo de sentencia de los delitos flagrantes y se ha pensado en tres  sistemas: ordinario, en el que el implicado recibiría una sentencia máximo en  25 días; el abreviado, en este el proceso se realizaría entre  uno y seis días; y el simplificado, que implicará un marco resolutivo de  siete días. Esto porque actualmente el sistema demora más de seis meses. 

Precisó que en el caso de robo solo se necesitará la versión de la víctima, el testigo y el reconocimiento de la evidencia. Mientras que en el homicidio se requerirá la versión del testigo, el procesado, la autopsia y el  reconocimiento de los materiales. El Presidente dijo que con esto se busca que el delincuente apresado en delito flagrante “no sea liberado y que sea juzgado lo más rápido”. Esto, contó, porque ahora el policía  andará con el sospechoso tres días, para presentar la denuncia en la Fiscalía, ante un juez y en la Defensoría Pública. 

Sistema ECU-911

El Jefe de Estado señaló que se construirán dos centros integrales de seguridad  ECU-911 en el país: Quito, que estará listo en abril y Guayaquil (Samborondón), que ya opera. Además, habrá cinco centros zonales (Ibarra, Portoviejo, Ambato, Machala y Cuenca).

Indicó que el centro de la capital funcionará en el parque Itchimbía, que estará listo en octubre, y costará 26 millones de dólares, además tendrá un helipuerto.

El gobernante precisó que se trabajará en un plan piloto de servicio civil obligatorio, en el que participarán 10.000 jóvenes que apoyarán a la ciudadanía en temas de seguridad, reforestación y a las personas privadas de libertad. Asimismo, cuestionó el potencial de la Defensoría del Pueblo que, a su criterio, está subutilizado.

Gobierno solicitará audiencia ante la CIDH

El Mandatario afirmó que conoce que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suspendió las medidas cautelares y la audiencia del 28 de marzo en cuanto al juicio que llevó adelante por injurias en contra de los directivos y ex director de Opinión de El Universo, pero, señaló, pedirán una audiencia ante ese organismo que “tienen que explicarnos la intromisión en un proceso judicial ordinario”.