Durante su enlace sabatino de ayer, el presidente de la República, Rafael Correa, solicitó a la Asamblea Nacional que levante la inmunidad parlamentaria al asambleísta de PK, Cléver Jiménez, con el fin de que responda a la justicia.    

Semanas atrás, Jiménez junto al ex sindicalista petrolero, Fernando Villavicencio, y al dirigente del Colegio de Médico de Pichincha, Carlos Figueroa, presentaron una demanda en contra de Correa y del ministro de Defensa, Javier Ponce, para que respondan por los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos el 30-S.

El Presidente criticó que se quiera transformar una mentira en verdad, al mencionar que él, luego de salir del hospital de la Policía, se refugió en  la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), para después regresar a dirigir el ataque.   

Pidió que se levante la inmunidad al legislador para emprender acciones legales en contra de él, Villavicencio y Figueroa. “Esa gente está enferma, sabremos responder judicialmente ante tanta patraña. Saben que mienten, a ver qué dicen los medios”, dijo.     

Luego de expresar su malestar por la actuación del legislador, el jefe de Estado informó que el Gobierno tiene previsto contar con un policía por cada 250 habitantes para brindar seguridad a toda la población. José Serrano, ministro del Interior, dijo que esa cifra es parte de los estándares internacionales sugeridos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

El Jefe de Estado indicó que si se quiere cumplir con esta meta se necesita incrementar el personal. Al momento la Policía tiene 40.309 uniformados y según la planificación se requerirá formar 25.724 más hasta el 2017 para alcanzar ese estándar.

Correa dijo que solo para cubrir los sueldos del nuevo personal el Gobierno deberá invertir 200 millones de dólares anuales: “El país clama mayor seguridad para vivir bien. Tenemos que hacer fuertes esfuerzos. Ya veremos de dónde sacamos el dinero, estamos priorizando el presupuesto para concentrar los recursos en sectores como el de seguridad, que es necesario para el desarrollo”.            

Informó además que junto a las autoridades de la Agencia Nacional Tránsito y al sector del transporte convinieron brindar mayor seguridad a los pasajeros. 

La propuesta es que taxis y buses interprovinciales cuenten con una mampara de vidrio que separe al conductor de los pasajeros, además, se brinde información personal del conductor y exista una ventanilla para pagar, un taxímetro que emita un comprobante de pago, un equipo de vídeo y GPS. Añadió que en el caso de los taxis legalizados, el Gobierno ayudará con el financiamiento.   

No dejó pasar la oportunidad para referirse a los resultados del último Censo de Población y Vivienda. Dijo que esos datos servirán para establecer políticas públicas.  

Expresó que en los próximos días se reunirá con sus ministros para ahondar en ese tema. Finalmente, anunció que el 30% de las utilidades de las hidroeléctricas irá al desarrollo local.