El presidente Rafael Correa defendió ayer la legitimidad del veredicto del juez 15 de Garantías Penales, Juan Paredes, que condenó a los directivos y a un ex editorialista de diario El Universo a tres años de cárcel y a pagar una indemnización de 40 millones de dólares.

Correa también rechazó las publicaciones en contra de Paredes, quien falló  en el juicio  contra los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez y el ex editor de opinión de El Universo, Emilio Palacio, por su artículo publicado el pasado 6 de febrero de título ‘No a las mentiras’.

“Para que vean el linchamiento mediático que sufre ese pobre juez Paredes por haber dictado sentencia en un día”, expresó el Mandatario, quien agregó que si  hubiese sido favorable a los Pérez y a Palacio, seguramente los medios privados habrían dicho que se hizo justicia.

Durante el enlace sabatino, el Jefe de Estado aseguró que la prensa no puede interferir en un proceso legal en marcha y que aquello  en otros países -dijo- simplemente no ocurriría, además   mencionó que “esa es la prensa corrupta a la que siempre me refiero”, y puso como ejemplo el titular del diario Hoy, que cuestionó la rapidez del juez y escribió con ironía: Las 13 horas de Juan Paredes.

Correa insistió en que esta sentencia es un hecho histórico y justificó que también se haya responsabilizado a los directivos del medio de comunicación al indicar que  publicar editoriales de esa naturaleza  “era una práctica común que utilizaba esa gente, para insultar en nombre de la libertad de opinión”.

El Mandatario sostuvo que el editorial, en que se lo acusa de crímenes de lesa humanidad, no fue un artículo de opinión sino una acusación, por lo que amparado en las leyes procedió a demandar a los autores y responsables de su publicación.

El gobernante también calificó de “malcriado” al presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gonzalo Marroquín, y advirtió con expulsarlo del país si insiste en decir que en el Ecuador hay "dictadura".

Acusó a Marroquín de tener vínculos con la Central de Inteligencia Americana (CIA). “El fundador de la SIP era miembro de la CIA y su accionar responde a una vieja estrategia que utilizaba Estados Unidos para atacar durante la denominada Guerra Fría a sus enemigos, los países del bloque socialista. Es un gremio privado”, recordó Correa tras presentar un vídeo en el que periodistas criticaban a la SIP.
Apelaciones

Los abogados del Presidente,  Alembert y Gutemberg Vera, presentaron una apelación a la sentencia del juez Paredes por considerar que la cuantía de $ 40  millones fijada por la indemnización no es suficiente, ya que  "debe considerarse que el daño causado al suscrito (Correa) es irreparable, por cuanto el artículo ‘No a las mentiras’, quedará en los anales de la historia, en las bibliotecas del país y del mundo, constará en Internet perennemente".

Además, el escrito contempla que “la indemnización puede incluso alcanzarse con los bienes personales de los querellados y de sus herederos”, según publicó el periódico El Ciudadano.

La defensa del Presidente de la República había solicitado inicialmente el pago de $ 80 millones, divididos en $ 50 millones para las personas naturales querelladas, los directivos del medio Carlos, César y Nicolás Pérez y el ex director de opinión,  Emilio Palacio, y $ 30 millones para la persona jurídica El Universo.

En la apelación entregada al juzgado, el presidente Correa también hace conocer su decisión de que la indemnización que finalmente se llegue a determinar será destinada íntegramente a la iniciativa ambiental Yasuní ITT, que propone no explotar una reserva de 846 millones de barriles de crudo en la Amazonía.

Los abogados de El Universo, por su parte, presentaron también el viernes un recurso de apelación y otro de nulidad del proceso.

AER propone diálogo entre ecuatorianos

Frente a la sentencia dictada en contra los directivos de El Universo, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) propone dejar de lado el enfrentamiento e impulsar un diálogo propositivo entre ecuatorianos, en beneficio de la libertad de expresión.

La Asociación destaca que la Constitución consagra la comunicación como un derecho. También señala que se garantiza a las personas agraviadas por informaciones sin pruebas o inexactas el  derecho a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata.