La evaluación del Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2011, realizada la semana pasada, dio las pautas para avanzar en el proceso de transformación del Estado, a fin de influir positivamente en un cambio de la matriz productiva, mejorar la calidad de los servicios y llegar con ellos a todos los rincones del país.

Para ese propósito, el Gobierno se planteó tres grandes ejes: equidad, territorio y excelencia, en base a un debate interno propiciado por el Consejo Nacional de Planificación, que preside el presidente de la República, Rafael Correa. 

La consolidación de esas metas se fundamentará en tres ámbitos: el marco institucional, el marco regulatorio y la descentralización. El primer aspecto guarda relación con la descorporativización del Estado que por años permaneció prisionero de los poderes económicos, señala Pavel Muñoz, subsecretario de Reforma Democrática del Estado en  Senplades.  

Se refiere a la conformación de grupos colegiados y organismos de control que en el pasado estaban dirigidos por representantes de la empresa privada y sociedad civil que actuaban en función de sus propios intereses. Los regulados eran parte de los órganos reguladores. Bajo ese mecanismo actuaron, por ejemplo, el Consejo Nacional del Radio y Televisión (Conartel), el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), entre otros.

Como parte de la recuperación de la autonomía del Estado, durante los últimos cinco años se han eliminado 31 entidades corporativas y se han transformado 19 entidades, pero todavía faltan otras por intervenir en base a un mandato legal.

Dentro de ese proceso está también la coordinación de políticas interministeriales, ajustadas a la Constitución del 2008. De los ocho ministerios coordinadores, siete cuentan con una agenda programática, pues aún están pendientes los lineamientos del Ministerio Coordinador de Talento Humano, creado a mediados del año pasado.

De los 27 ministerios, 18 han  adaptado su estructura y modelos de gestión a los planteamientos de la nueva Constitución, lo que  supone un avance del 67%, pues esa tarea aún está pendiente en las carteras de Transporte y Obras Públicas, Finanzas, Agricultura y Ganadería, la Secretaría del Migrante, entre otras. Para el presidente Rafael Correa, ese  porcentaje es insuficiente si se considera que ya han pasado cinco años de Gobierno, por lo que pidió a todos sus ministros alinearse con los planteamientos y desafíos que supone la nueva Carta Política y el Plan Nacional del Buen Vivir, que constituye  la hoja de ruta del Gobierno.

En esa línea, anotó Muñoz, ya están enmarcados ministerios como Educación, Seguridad, Inclusión Económica y Social, y las Secretarías de Educación Superior, Riesgos y  Agua.

Con respecto al marco regulatorio, el subsecretario de Reforma Democrática del Estado admite que es la deficiencia más importante y que constituye el principal reto para la Senplades, pues su carencia implica que no existan estándares de calidad, eficiencia y cumplimiento de las políticas públicas.   

La descentralización del Estado, y con ello la desconcentración, son aspectos que han avanzado paulatinamente. La primera supone pasar competencias del Gobierno Central a los municipios, mientras que lo segundo consiste en aterrizar las competencias de los ministerios a los territorios.

El primer aspecto está regulado por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que cambió un esquema de descentralización “a la carta” que caotizó al país por un planificado y consensuado entre los distintos actores.

El éxito de ese proceso está garantizado por un esquema constitucional que determina el tipo de competencias que deben trasladarse a los distintos niveles de Gobierno, las cuales también se acompañan de recursos. Para este año el Consejo Nacional de Competencias (CNC), creado por el Cootad, definió que el riego y la  cooperación internacional serán delegados a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD’s).

Para fortalecer ese proceso, el CNC también presentará este año el Plan Nacional de Descentralización, mediante el cual se resolvió delegar a los GAD’s el manejo del tránsito, el desarrollo productivo y proyectos de vialidad como funciones prioritarias.

En la elaboración del documento participaron las autoridades locales, quienes consideraron a esos tres aspectos como ejes fundamentales para el desarrollo de los cantones y parroquias.

Para alcanzar mayor eficiencia del Estado, la desconcentración es fundamental.  Muñoz explicó que por mandato constitucional el Ejecutivo tiene la facultad de organizar a todo el territorio ecuatoriano en distritos y circuitos administrativos, como una forma de garantizar una  distribución homogénea de los servicios del Estado.

Durante el 2011, el Gobierno trabajó en 9 distritos a nivel nacional y para  este año se crearán otros 46. Ese modelo de organización consiste en juntar a los cantones más pequeños hasta formar  distritos con más de 50 mil habitantes, en donde se pueda aterrizar dos tipos de servicios: sociales (educación, salud, inclusión económica y social, protección) y de justicia y seguridad (construcción de Unidades de Policía Comunitaria). En esa oferta de servicios también se incluye la desconcentración de la banca pública y del Servicio de Rentas Internas, un proceso que arrancó con la fusión de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Banco del Pacífico.

Camilo Samán, presidente de la CFN, indicó que el propósito es convertir a la entidad en inversionista de grandes proyectos, mientras que el Banco del Pacífico se fortalecerá como prestamista de microcréditos productivos.

Pero en ese proceso, el rol de los GAD’s será fundamental. El ministro de Finanzas, Patricio Rivera, indicó que sus presupuestos  se duplicaron en los últimos cinco años, pues pasaron de 1.300 millones a 2.600 millones de dólares. También se incrementaron los créditos otorgados a través del Banco del Estado (BEDE): en el 2006 se entregaron 53 millones de dólares  y en el 2011 el monto ascendió a 456 millones, es decir, hubo un aumento del 753%.