El Parlamento Laboral Ecuatoriano (PLE) ha cuestionado el débil análisis del paquete de enmiendas constitucionales. ¿Por qué?

Alianza PAIS presentó 16 enmiendas a la Constitución -es su derecho y existe el canal democrático para aquello- que contienen varios temas que no se están discutiendo. El debate se ha centrado en la reelección presidencial por la manipulación de la derecha y ciertas organizaciones sociales, frente a lo cual la Asamblea defiende el tema como si fuera el único punto en discusión.

¿Cree que el tratamiento de las enmiendas ha sido utilizado por la oposición como palestra política en lugar de profundizar los cambios que requiere el país?

Cuando analizamos todas las enmiendas vemos que hay temas que involucran a la Policía Nacional, el Ejército, la Contraloría y los jubilados, no solo la reelección. Sobre ese último tema los trabajadores sabemos que serán los ecuatorianos, en las urnas, los que premien o castiguen al político que busque la reelección, entonces el tema no tiene la relevancia que plantea la derecha y que amerita una respuesta desde la Asamblea.

Esa es una manipulación en la que han caído dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Conaie y grupos sociales que con legítimo derecho se oponen al Gobierno. Nosotros no tenemos problema con eso, pero en las enmiendas 10 y 11 se pretende eliminar el tercer párrafo del artículo 229 de la Constitución  que dice que los obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. Si eliminamos eso alrededor de 400 mil obreros se quedarán sin el amparo del Código.

¿Cómo afectaría eso a los servidores públicos?  

Al eliminar ese párrafo hay dos intenciones, pasarnos a un nuevo régimen laboral que sería la Ley de Servicio Público (Losep), en donde no hay contratación colectiva y  establece que los servidores públicos podrán organizarse en una asociación que -la historia nos relata- solo sirve para hacer el baile del Día de la Madre y no para reclamar derechos. Entonces, si no hay el derecho a la organización sindical se están violando los convenios 27 y 83 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Y para quienes ya estamos sindicalizados la disposición transitoria única dice que se permitirá la organización sindical hasta cuando se extinga nuestra vida laboral.

¿Si la enmienda puede afectar a los trabajadores por qué el FUT y la Conaie han centrado su debate en la reelección?

Porque es político y están influenciados por el ex-MPD y CREO, por los partidos de derecha que buscan oponerse al Gobierno. En el Parlamento Laboral Ecuatoriano -a diferencia del FUT que dice que nada vale en la reforma laboral y a diferencia de la nueva Central Unitaria de Trabajadores (CUT) que a todo dice sí- hemos asumido una postura leyendo la ley y aportamos a la construcción de la nueva Ley de Justicia Laboral.

¿Cómo aportaron?

Con la eliminación del contrato a plazo fijo se elimina la precarización laboral, el trabajador ya puede planificar su vida una vez que firma el nombramiento y sabe que se jubilará algún día.
También logramos el desahucio exclusivo para el trabajador, con el pago del 25% de la última remuneración por cada año  de trabajo cuando decide renunciar, así como la estabilidad para los dirigentes sindicales ya que los empleadores, en el sector privado particularmente, ni bien se enteraban de que se formaba un sindicato eran despedidos.
Y logramos el castigo para el empleador que no cumple con el retorno de la mujer embarazada que fue despedida por él, sancionado el hecho con el artículo 128 del Código Integral Penal. Y así mismo, lo que no nos gusta, es la limitación de las utilidades del trabajador, más allá de que la propuesta estatal sea para asegurar a las amas de casa.    

¿Han expuesto esta preocupación?

Hemos hablado con el Ministro de Trabajo (Carlos Marx Carrasco) y la Comisión Transitoria que aborda las enmiendas constitucionales. Acudimos a 2 comparecencias para exponer nuestra postura frente a la enmienda laboral. Reconocemos los logros alcanzados por este Gobierno en salud y educación, por eso estamos dispuestos a dialogar.       

¿Qué alternativa proponen?

Podríamos llegar a un acuerdo en el cual se elimine de la Constitución el amparo del servidor público al Código del Trabajo, pero los derechos al contrato colectivo y a la organización sindical deberían trasladarse a la Losep. (I)