En 2006, el pago de la deuda externa representaba el 24% del presupuesto del Estado. Seis años después, ese rubro apenas representa el 4%. Esta reducción, según la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), es determinante para financiar la inversión social que lleva adelante el régimen.

En 2011, la deuda social representó 5.050 millones de dólares, cinco veces más que el pago de la deuda externa, que para ese año llegó a 1.500 millones de dólares. Esos recursos sirvieron para que el sistema público de salud ofrezca el año pasado 34 millones de consultas médicas, cuando hace un lustro esa cifra era de 16 millones.

Fánder Falconí, titular de Senplades, afirma que desde 2006, cuando llegó a la Presidencia Rafael Correa, el Estado recuperó lo público, la planificación y la autonomía democrática. “Cuando se habla de participación es el Gobierno que plantea un programa gubernamental, que lo somete a la voluntad de la gente en  las urnas, que plantea esta recuperación, gana y es capaz de convertir un proceso transformador”, cuenta. 

Para él, hace seis años recibieron un Estado “desmantelado” en sus funciones y capacidades de planificación y redistribución de  los recursos. Esto, porque según su criterio, la aplicación de las políticas neoliberales en América Latina privaron o rompieron el nexo entre sociedad y Estado.

El Estado se convirtió en vehículo para favorecer a las élites económicas y políticas, dijo el funcionario. Pone como ejemplo el traspaso de fondos públicos a privados en dos sucesos: la sucretización durante el gobierno de Osvaldo Hurtado y el salvataje bancario, en la administración de Jamil Mahuad, ambos mandatarios de  tendencia demócrata cristiana.  

Eso ocasionó la pérdida de rectoría en ministerios fundamentales para el desarrollo productivo y social del país. Entonces se planteó la necesidad “de devolver los grados de autonomía a las decisiones frente a los organismos internacionales y frente a poderes fácticos, que aquí aprisionaban las estructuras de poder”.

En 1998 se redactó la  Constitución en  un cuartel militar. En  2008  el proceso fue  participativoEsa exposición queda demostrada con un caso: El Fondo Monetario Internacional (FMI) despachaba desde una oficina del Banco Central del Ecuador, que en ese momento actuaba como un organismo autónomo. “Allí pueden entenderse los nexos aberrantes: un organismo internacional de crédito que debe favorecer a todos los ciudadanos universales con políticas monetarias y crediticias reactivadoras, haciendo políticas de ajuste estructural; es decir, privatizando, conteniendo la demanda, con grandes procesos ligados a generar ingresos para el pago de la deuda externa”.

Betty Tola, la nueva secretaria de Gestión  Política, destaca la revolución constitucional como uno de los ejes más importantes desarrollados  desde 2006.

Con eso se recuperó el “desencanto de la acción política en los años anteriores; hablar de política era casi, casi, una mala palabra; tildado por el clientelismo, la demagogia, la  búsqueda de intereses particulares antes que nacionales, esa fue la forma como la partidocracia destruyó al país”.

En estos seis años se aprobaron más de 150 leyes que lograron codificar a más de 1.200 normas que se encontraban dispersas. Con ello se logró simplificar el esquema jurídico que existía en el país y resultaba caduco como el Código Orgánico Territorial y el de Justicia, que recogen en su interior 12 leyes

La calificación de la gestión del presidente Correa bordea el 80%, luego de seis años de gestión “cuando teníamos a ecuatorianos que salían a las calles antes del término del periodo pidiendo la salida de esos gobernantes”, explica Tola.

No solo es la función Ejecutiva; en 2006 el Congreso dejó de funcionar  con indicadores de credibilidad que no llegaban al 6%. En  2012, al finalizar el periodo de la anterior  Asamblea Nacional, esa cifra  llegó al  48%.