El ministro de Justicia, Lenin Lara, ofreció disculpas públicas al pueblo Sarayaku en una cadena nacional, por otorgar a inicios de los años 90 una concesión petrolera en territorios indígenas amazónicos sin consultar con las comunidades nativas, que estaban opuestas al proyecto.

“Estamos seguros de que acontecimientos como estos jamás volverán a suceder, gracias a la implementación de medidas de reparación y la continua observancia de la obligación del Estado a la garantía, respeto y protección de los derechos humanos”, dijo Lara.

El dictamen llegó en julio pasado tras el pedido de ese pueblo de evitar  la actividad petrolera, iniciada en 1996, cuando el Estado otorgó una concesión a la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC) para que explotara el denominado Bloque 23.  

A inicios de 2003, la CGC empezó la búsqueda de crudo y para el efecto sembró pentolita (explosivo) en la zona. La comunidad acudió ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para que interviniera y lo impidiera.

La petrolera  CGC enterró explosivos en el territorio Sarayaku. Ellos nunca fueron consultados.La sentencia estableció, entre otras cosas, que el Estado debe “neutralizar, desactivar y retirar la pentolita (explosivos utilizados para extraer petróleo) en superficie y enterrada en el territorio del Pueblo Sarayaku”.      

Además impuso la obligación de consultar a los Sarayaku “en el eventual caso de que se pretenda realizar alguna actividad o proyecto de extracción de recursos naturales en su territorio, o plan de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que implique potenciales afectaciones a su territorio”.

En la resolución se dictaminó un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, así como publicar la sentencia y pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales a los indígenas.  

El 26 de julio, el Gobierno Nacional realizó la transferencia de 1,3 millones de dólares a las cuentas de la comunidad. Ese rubro corresponde a la indemnización económica que el Estado estaba obligado a pagar como parte de la remediación por daños causados cuando en 2002 y 2003 la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) intentó explotar el hidrocarburo en esas zonas.

El territorio Sarayaku, donde viven 1.200 personas, está localizado en la Amazonía ecuatoriana, a media hora en avioneta desde la localidad más cercana o un día en canoa a motor. El enfrentamiento entre este pueblo quichua y el Estado comenzó en 1996, cuando el Gobierno de entonces otorgó a la CGC el derecho a explotar el petróleo en su tierra.