Dando cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), el Estado ecuatoriano pidió este miércoles las disculpas públicas al pueblo originario de Sarayaku, por violaciones a los derechos humanos cometidos en el gobierno de Lucio Gutiérrez, relacionados con la exploración y explotación petrolera de 200 mil hectáreas de tierra (Bloque 23) en Pastaza, sin una consulta previa, como manda la ley.

"Ofrecemos las disculpas públicas correspondientes por la violación a la propiedad indígena, a la identidad cultural, al derecho a la consulta, por poner en grave riesgo la vida e integridad personal, por la violación a los derechos a las garantías judiciales", sostuvo la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, al dar lectura al acta de reconocimiento de responsabilidad.

A nombre del Estado también asistieron la ministra de Ambiente, Lorena Tapia, el viceministro de Recursos No Renovables, José Icaza; Gral. de brigada de la IV División del Ejército Amazonas, Gustavo Aguilar; subsecretaria del Ministerio del Interior, Carina Argüello; el delegado de la Procuraduría, Cristian Espinosa; el delegado del Ministerio de Defensa, Mauricio Gallardo; y la gobernadora de Pastaza, Denisse Coka.

El acta- difundida en idiomas quichua y castellano- ratifica el firme compromiso del Estado ecuatoriano con la vigencia de los derechos humanos, y en especial los que asiste al pueblo Sarayaku, de acuerdo al derecho internacional y los tratados firmados por la República.

Además, manifiesta su consideración y respeto "irrestricto" a las mujeres, hombres, niños, niñas y sabios de dicho pueblo, así como el compromiso de garantizar el Sumak Kawsay (Buen Vivir) de Sarayaku.

Previamente, la ministra Zúñiga calificó el acto como "histórico" e hizo extensivo a todo el pueblo Sarayaku el saludo fraterno del presidente Rafael Correa. También resaltó el esfuerzo del Gobierno por crear una cultura de paz y en favor de los derechos humanos.

Recordó que en los regímenes de Jamil Mahuad y, especialmente, de Gutiérrez se realizaron actividades  petroleras, que afectaron el 65% de dicho territorio.

El acto inició con un ritual oficiado por Sabino Gualinga, sabio de la comunidad. Luego, la dirigente Narcisa Gualinga dio la bienvenida y dijo que 14 años han esperado disculpas por sus derechos vulnerados.

También instó a los jóvenes "a cuidar y defender" su territorio, y recalcó que querían escuchar del Estado que lo ocurrido en su comunidad "no se volverá a repetir".

De su lado, Félix Santi, presidente de Sarayaku, agradeció a las autoridades por hacer posible el acto, aunque expresó su insatisfacción al no estar los titulares, sino sus delegados.

El dirigente Marlon Santi destacó que la lucha no termina, ya que aún falta retirar la pentolita. A esto, la ministra Tapia explicó que se realizan reuniones para seguir el proceso y que en todo momento se consulta a la población.

A pesar de que la funcionaria explicó que la presencia de esas autoridades se debía a un acuerdo previo con el presidente de la comunidad, Santi también expresó su insatisfacción al no estar los titulares sino sus delegados."Sin embargo, este hecho marca un precedente por lo que disculpo y perdono en nombre del pueblo de Sarayaku", dijo.

El presidente de la Conaie, Jorge Herrera, entregó una placa de respaldo al pueblo de Sarayaku. En su discurso criticó duramente la ausencia del presidente Rafael Correa.

Zuñiga explicó que los ministros también están reconocidos como máximas autoridades dentro de la sentencia de la CorteCIDH y que la presencia del Primer Mandatario no es necesaria.

"Es penoso que grupos utilicen estos espacios para otros fines y quieran manchar este acto. Vinimos con mucho respeto a cumplir con la sentencia y estamos agradecidos de su acogida pero rechazamos que se hayan topado otro tipo de temas que no eran parte del acuerdo" enfatizó la ministra.

En el acto se entregó una lanza como símbolo de rebeldía en reconocimiento al abogado de la comunidad, Mario Melo.

El evento concluyó con un almuerzo preparado por la comunidad para todos los presentes.

Diario EL TELÉGRAFO quiso dialogar con los pobladores para saber su opinión sin embargo, estos expresaron que no estaban autorizados a realizar ningún tipo de declaración.

Antecedentes

El territorio Sarayaku está localizado en la Amazonía ecuatoriana, a media hora en avioneta desde la localidad más cercana o un día en canoa a motor.

El enfrentamiento entre este pueblo quichua y el Estado comenzó en 1996, cuando el Gobierno de entonces otorgó a la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC) el derecho a explotar el petróleo en su tierra.

A inicios de 2003, en la presidencia de Lucio Gutiérrez, la CGC empezó la búsqueda de crudo y para el efecto sembró pentolita (explosivo) en la zona. La comunidad acudió ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para que interviniera y lo impidiera.

El acto de hoy es uno de los puntos de la sentencia de la Corte-IDH, que el 27 de junio de 2012 condenó al Estado por no consultar previamente a los habitantes sobre la exploración petrolera y permitir contaminar su territorio con explosivos.

 La sentencia estableció, entre otras cosas, que el Estado debe "neutralizar, desactivar y retirar la pentolita en superficie y enterrada en el territorio del Pueblo Sarayaku".

Además, impuso la obligación de consultar a los Sarayaku "en el eventual caso que se pretenda realizar alguna actividad o proyecto de extracción de recursos naturales en su territorio, o plan de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que implique potenciales afectaciones a su territorio".

Además de las disculpas públicas, la resolución dictaminó pagar indemnizaciones como parte de la remediación por daños causados en 2002 y 2003. Por ello, el 26 de julio de 2013, el Gobierno Nacional realizó la transferencia de $ 1,3 millones a las cuentas de la comunidad. 

El Ministerio de Justicia, el 14 de noviembre de 2013, ofreció las primeras disculpas públicas.