Carlos Baca Mancheno, Óscar Bonilla Soria y Diego Guzmán Espinosa forman parte de la comisión que investigará los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, cuando se produjo la revuelta policial que desembocó en un intento de golpe de Estado.

La comisión fue formada mediante el Decreto Ejecutivo N° 22, que fue publicado en el Registro Oficial. El documento establece que Baca Mancheno presidirá el organismo que durará seis meses, plazo que será  prorrogable.

Su objetivo primordial será investigar de manera profunda y objetiva los hechos acaecidos el día conocido como 30-S. Los comisionados deberán identificar a los autores intelectuales y materiales. Los resultados de las indagaciones serán puestos a consideración de la Fiscalía General del Estado.

Según el decreto, ese 30 de septiembre se produjo “un intento de magnicidio, dentro de un frustrado golpe de Estado, maquinado para lucir como una protesta social”, protagonizado por miembros de la Policía Nacional, lo que dejó como saldo 10 personas muertas y más de dos centenares de heridos.

Los comisionados tendrán libre acceso a  la documentación que estará en poder de la Administración Pública e institucional. Además podrán requerir declaraciones o información de cualquier persona para que se descubra la verdad sobre lo ocurrido en esa fecha.

Los resultados de
las investigaciones serán entregados
a la Fiscalía General del EstadoLa comisión también tendrá la atribución de solicitar que se desclasifiquen archivos, informes o documentos que estén calificados como reservados o secretos y, asimismo, todas las instituciones que forman parte del Gobierno Central deberán prestar el contingente que sea necesario.

El decreto reconoce que pese a que han transcurrido cerca de tres años desde aquel suceso, la Función Judicial aún no ha podido esclarecer la totalidad de los hechos, por lo tanto tampoco han sido descubiertos ni sancionados  los responsables, tanto intelectuales como materiales, de los hechos de violencia.

Los comisionados están vinculados a la Administración Pública, pues Carlos Baca Mancheno fue funcionario del desaparecido  Ministerio Coordinador de la Política y asesor del Ministerio del Interior.

Diego Guzmán fue el último secretario Nacional de Transparencia de Gestión, ya que esta entidad fue absorbida por la Secretaría de Administración Pública.

Óscar Bonilla Soria era subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio del Interior, oficina que pasó a manos de la nueva Secretaría de Gestión Política. Él estuvo junto con el presidente Rafael Correa durante   la jornada del 30-S.

Acontecimientos

En la mañana del 30 de septiembre de 2010 se produjo una revuelta policial que inició  en el Regimiento Quito N° 1, supuestamente como rechazo a la Ley de Servicio Público que había sido aprobada, la noche anterior, por la Asamblea Nacional.

La protesta se diseminó rápidamente a otros cuarteles policiales del país. En Guayaquil, la paralización de la fuerza pública  degeneró en una ola de saqueos.

Para desactivar la protesta, Correa acudió al regimiento, pero los uniformados sublevados agredieron al mandatario, que por aquel entonces estaba convaleciente de una operación en la rodilla.

El gobernante se resguardó en el vecino hospital policial que fue rodeado por los uniformados rebeldes. Paralelamente, la escolta legislativa se tomó la Asamblea y un grupo de militares hizo lo propio en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

Finalmente Correa fue liberado en la noche de aquel día luego de una operación militar-policial. Horas antes una manifestación popular a favor del Gobierno fue reprimida violentamente por los policías insurrectos.

SE INVESTIGARÁ CONFLICTO WAO Y TAROMENANI

José Tonello, con experiencia en organismos como el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio y en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos (Codesarrollo), encabezará la comisiónque investigará los conflictos surgidos entre las etnias waorani y taromenani en la Amazonía ecuatoriana.

La comisión la completan la ministra de Justicia, Johana Pesántez; y la secretaria nacional de Gestión Política, Betty Tola.

Ellos investigarán los hechos ocurridos durante años entre estos grupos étnicos. Así lo dispone el Decreto Ejecutivo N° 17.

El documento agrega que deberán proponer las acciones que consideren necesarias para superar las diferencias existentes y entre estos pueblos. A inicios de año se reportó una matanza que no se ha podido   confirmar.