El Código Orgánico Integral Penal (COIP), norma calificada como prioritaria por el presidente Rafael Correa, entró en una etapa definitoria en la Asamblea Nacional. Luego de siete meses de estudio jurídico y la comparecencia de docenas de especialistas en materia penal, la Comisión de Justicia afinó el texto que irá a primer debate.

El proyecto legal, enviado por el Ministerio de Justicia el 12 de octubre de 2011, tenía 1.083 artículos y estaba dividido en cuatro tomos. No obstante, luego del estudio de la Comisión, el texto quedó reducido a 817 artículos con tres libros: Infracción Penal, Procedimiento y Ejecución de Penas.   

El texto referido a la Aplicación y Ejecución de Medidas Socioeducativas (cuarto libro) fue relegado del COIP porque la Comisión de Justicia decidió  retirar del proyecto lo  referido a los adolescentes en conflicto con la ley penal. “En consecuencia ha quedado en 817 artículos, varias disposiciones generales, transitorias y reformatorias”, explicó Mauro Andino (PAIS), presidente de la mesa legislativa.    

Vicente Taiano (Prian) confirmó que los menores de edad infractores se mantendrán en el Código de la Niñez y Adolescencia. “Lo que sí está reflejado en el documento  son las  sanciones  drásticas contra los adultos que utilicen a los menores de edad para delinquir”, acotó.   

Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, indicó que propondrá el debate plenario del COIP desde junio porque “un código integral es  trascendental para el país, así que todas las sugerencias de los legisladores serán fundamentales para enriquecer su texto”.  

Tipificación de nuevos delitos

Feminicidio, sicariato, secuestro exprés, terrorismo, aborto y tráfico de drogas  son las tipificaciones penales que incluye el COIP.

Sobre el primer punto, el proyecto estipula que “la persona que, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, mate a una mujer, por su condición de mujer, será sancionada con pena privativa de libertad de 25 a 28 años”.   

Según Rosana Alvarado y Marisol Peñafiel, asambleístas de PAIS, la intención es sentar la normativa necesaria para sancionar con dureza los crímenes de odio en Ecuador.

En lo referente a los temas de   sicariato y secuestro exprés, el proyecto establece sanciones de 25 a 28 años de prisión para los autores materiales e intelectuales, en el primer caso, y de cinco a siete años, en el segundo. 

La tipificación del terrorismo fue solicitada por Diego García, procurador del Estado. Así, el texto también especifica sanciones en ese caso: “Será sancionado con pena privativa de libertad de once a quince años el que individualmente o formando asociaciones, armados o no, pretextando cualquier fin, inclusive políticos, provoque o mantenga en estado de terror a la población (...), mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o a las edificaciones o medios de comunicación”.

El COIP establece hasta seis años de prisión a quien haga abortar a una mujer y cinco años si es ella quien consiente el procedimiento.  

El consumo de drogas no sería punible cuando su destino sea para el exclusivo uso personal, indica el proyecto, y su cantidad no exceda las siguiente dosis:  10 gramos de marihuana, cinco de cocaína ó 100 miligramos de heroína.        

La no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguro Social sería penada con prisión de dos a cinco año   para representantes legales de empresas y 30 días y una multa no superior a 200 salarios básicos unificados para personas naturales. En el caso del enriquecimiento privado no justificado, el COIP indica que las sanciones irían hasta cinco años de prisión y una multa que cuatriplique  el aumento patrimonial ilícito.