Las diferencias entre el Ejecutivo y Legislativo por el contenido del proyecto de Código Orgánico Integral Penal han bajado de tono en las últimas semanas.

El llamado de atención del presidente de la República, Rafael Correa, a los asambleístas de su bancada de PAIS, por el tratamiento del hipergarantismo a los derechos de los privados de libertad, causó eco en la Comisión de Justicia presidida por su coideario, Mauro Andino.

Y es que Andino, tras reunirse con Gustavo Jalkh, secretario particular del Presidente, reconoció que hay que hacer ciertos ajustes al texto, antes de presentar el informe para segundo debate al pleno de la Asamblea.  

La caución, la caducidad de la prisión preventiva, la violencia intrafamiliar, la inimputabilidad de los adolescentes, la ejecución de penas, la imputabilidad, el sistema penitenciario y la rehabilitación social son algunos de los puntos que están en revisión de un grupo de asesores de la Comisión, quienes -incluso- durante el receso legislativo trabajaron en la recopilación y sistematización de las recomendaciones efectuadas no solo por los legisladores, sino por otros actores vinculados al tema.

El legislador de PAIS prefiere no ahondar en las declaraciones efectuadas el 18 de agosto por Correa, en su enlace sabatino, en Loja, en donde anunció contar con una lista de asesores “incompetentes” de los asambleístas que estarían “destrozando” el proyecto original remitido por el Ejecutivo. En aquella ocasión, el Mandatario indicó que esos asesores mantienen los mitos del hipergarantismo que lo que hace es destruir las garantías de las mayorías, al dejarlos expuestos.

En este sentido, Andino dijo que le han informado mal al Jefe de Estado al descontextualizar dicho concepto, no sin antes mencionar que era necesario hacer cambios al texto original porque habían cosas que no concordaban con la legislación actual. No obstante, se mostró abierto a escuchar los criterios de todos los sectores que quieran aportar en la elaboración del nuevo Código Integral Penal.

El caso de Luis Parra Ayabaca, 28 años, quien fue acusado de violación a 14 adolescentes y fue puesto en libertad porque la justicia lo declaró loco, es considerado por el Jefe de Estado como un ejemplo de ese hipergarantismo.

El objetivo del Gobierno es impedir que casos como éste queden en la impunidad. Por eso Jalkh, quien estuvo a cargo de la investigación de este caso, solicitada por el Presidente, expuso en esa sabatina que es inadmisible que no se aplique la ley en el país. Incluso se mencionó que se acudirá a instancias internacionales para respaldar a las víctimas y sus familias.

Mientras tanto, a través de videoconferencias realizadas en 18 ciudades del país, el Consejo de la Judicatura ha informado que el Código elimina la reducción de penas y en su lugar establece un Sistema de Ejecución de Penas que plantea por primera vez el cumplimiento de éstas dentro y fuera de la cárcel.

El sistema contempla tres nuevos regímenes que se contraponen a los modelos como el 2x1 o la reducción de penas por méritos. El primero plantea la privación de la libertad absoluta. El segundo, en cambio, contempla la prelibertad de los reclusos; y el último posibilita que la persona viva en libertad y se reporte periódicamente ante los juzgados de Garantías Penales. La reinserción social y el seguimiento de los casos también se incluyen en la norma.

El legislador Vicente Taiano, ex Prian y ahora afín al PSP, apoya una rehabilitación social verdadera. Mientras la socialista Silvia Salgado insta a una corresponsabilidad de la sociedad en este sentido. Marllely Vásconez, de PAIS, informó que su bloque trabaja arduamente en este tema para que sea evacuado durante este período.