Dos centros de educación superior, uno de Cuenca y otro de Machala, afrontan problemas  que inciden en el normal desarrollo de sus actividades. 

El de la capital azuaya es de orden económico y se sustenta en el reclamo de valores pendientes  para compensar la gratuidad de la enseñanza. Además hay una deuda con  los jubilados de aproximadamente  10 millones de dólares.

En cambio en la ciudad orense el asunto pasa por lo administrativo, pues los estudiantes denuncian que no les han asentado las notas de sus exámenes y eso impide que muchos puedan matricularse en los cursos posteriores.

La Universidad de Cuenca reclama al Estado $ 19 millones  de compensación por la gratuidad de la enseñanza desde el año 2008.

El Gobierno ofreció entregar los primeros $ 9 millones que serán destinados para el pago a los profesores y los jubilados.

En octubre de ese mismo año el centro de educación superior calculó -a pedido del Ministerio de Finanzas- en $ 8,7 millones anuales lo que dejaba de percibir por efectos de la gratuidad. Si se suma hasta lo que va de 2012, la cifra llega  a los $ 19 millones. 

“Esos valores resultan, tomando en cuenta que la compensación por el año 2008 corresponde únicamente a un trimestre y sin considerar los incrementos que hubiéramos tenido como universidad”, explicó el rector de la Universidad de Cuenca, Fabián Carrasco.

La autoridad universitaria dijo estar de acuerdo con  el derecho a la gratuidad, pero añadió que la compensación no llega a las cifras requeridas.

“En el 2012 se deben entregar $ 5 millones por ese rubro, pero hemos recibido $ 3,7 millones, lo que nos deja un déficit que cada año se va acumulando”, aseveró.

Señaló que hay otras deudas que corresponden a la suspensión de la reliquidación del IVA y del Impuesto a la Renta.
Cuando se suspendió la donación de este último tributo se estableció que las instituciones que venían percibiendo este ingreso continuarían haciéndolo con el mismo monto que el 2008.

La Universidad percibe habitualmente  $ 2,2 millones desde el 2009.  Según Carrasco, debería haber un ajuste anual con un incremento de más o menos el 5%, pero no se ha dado.

“Al no aplicarse esta norma legal, la institución ha dejado de percibir un valor estimado en $ 826 mil. No queremos reclamar al Gobierno solo por reclamar”, manifestó.

El rector explicó que ese dinero sirve para saldar  deudas y también para poner en marcha varias actividades de investigación y de especialización.

Pago de bonos a jubilados

El Mandato Constituyente No. 2, del 24 de enero de 2008; la Resolución 2009-00200 de la SENRES de 12 de agosto de 2009; la Ley Orgánica del Servicio Público, de 11 de agosto de 2010 y su Reglamento, de 24 de marzo de 2011; y la Ley Orgánica de Educación Superior, de 4 de agosto de 2010, establecen los valores que debe pagarse a las personas que se jubilan del servicio público en general.

Desde el 2008 no han podido cancelarse los montos adeudados a quienes se retiraron del ente educativo por haber cumplido la edad límite permitida por la ley o a su vez quienes llegaron al máximo de los años de servicio señalados en los reglamentos.

Por este concepto, de acuerdo a Carrasco, la obligación  suma $ 9,7 millones, monto sobre el cual existiría un compromiso del Gobierno Nacional para transferirse y solucionar los inconvenientes.

En la Universidad de Cuenca existen 135 jubilados, entre profesores y empleados.

Este año se espera que se retiren de esta casa de educación 108 personas, sin contar los que se jubilarán en el 2013 y 2014.

“Para cancelar a todos necesitamos una suma de $ 7,5 millones”, concluyó el rector.