Gutemberg y Alembert Vera, abogados defensores del presidente Rafael Correa, mediante una carta pública rechazan la forma en que la empresa C.A. El Universo  “desinforma” a la opinión pública a través de la publicación de un supuesto informe de la Universidad Carlos III de Madrid, que critica el fallo en contra de esta empresa en la demanda que mantiene el Jefe de Estado por injurias calumniosas.

En el texto, los abogados afirman que es “lamentable, vergonzoso, infame e ilegal que diario El Universo se haya tomado el nombre de la Universidad Carlos III de Madrid, cuando se trata de un trabajo particular que el profesor Abraham Castro Moreno ha efectuado a pedido del Dr. Hernán Pérez Loose y por el cual estamos seguros ha cobrado jugosos honorarios”.

Sobre el trabajo realizado por Castro Moreno, Gutemberg y Alembert Vera aducen que “es vergonzoso que llegue a conclusiones tan descabelladas, que se preste para hacer y exponer una postura sin ni siquiera haber escuchado o pedido información a la contraparte”.

En la carta se afirma que es falso que la figura de autor coadyuvante -utilizada para sentenciar a los directivo de El Universo- no exista en ningún cuerpo legal, tal y como lo afirma el profesor español. “El Art. 42 del Código Penal establece claramente la figura de la autoría coadyuvante, estando legislado desde hace casi 100 años en el Ecuador, resultando por ende tal afirmación, absurda y eminentemente parcializada a favor de los peticionarios, como lo es todo el dictamen, además que el Código Penal Español en el Art. 28, sí reconoce la figura de la autoría coadyuvante con la variante de que se la denomina cooperación necesaria”, agrega el texto de los abogados defensores del gobernante ecuatoriano.

En el mismo remitido se reprocha la actitud tomada por los propietarios de El Universo, del ex editor de opinión del rotativo, Emilio Palacio, y de uno de sus columnistas, Hernán Pérez Loose, de encargar este tipo de informes sobre la sentencia en contra de la empresa de comunicación por considerarlo como una intromisión en la independencia de la Función Judicial ecuatoriana, en donde aún permanece este proceso legal.