Diario La Hora amenaza con nuevas acciones legales
“La sentencia emitida por el juez (Vigésimo Primero de lo Civil de Pichincha) Marco Albán es confusa, contradictoria, evidentemente parcializada, se aleja del principio de la verdad procesal y constituye una violación a los derechos constitucionales que asisten al medio”, sostiene diario La Hora. Por ello, presentó una solicitud de ampliación de la providencia que le ordenó publicar una rectificación judicial y una disculpa pública por una noticia “inexacta”.
La sentencia fue el resultado de la acción de protección interpuesta por Óscar Pico Solórzano, subsecretario de la Administración Pública, en contra de diario La Hora y Editorial Minotauro S.A., representadas legalmente por Francisco Vivanco Riofrío, presidente ejecutivo y director.
La rectificación, que la realizó el miércoles pasado, fue por una nota publicada el 10 de octubre pasado, en la que La Hora publicó que el Estado habría gastado 71 millones de dólares en publicidad, lo cual, durante el proceso judicial, se demostró que fue “inexacto” y afectó la imagen del Gobierno, porque el monto alcanzaba los 12 millones de dólares. La Hora se defiende diciendo que la nota se basó en un informe de la Corporación Participación Ciudadana (CPC).
El pedido de ampliación de la sentencia se produjo el mismo día de la rectificación judicial. El matutino pide al juez Albán que explique y enumere en qué pruebas se basó para afirmar que la información publicada no fue veraz. Recordó que en la audiencia no se presentó ninguna prueba, “más allá del testimonio verbal de representantes del Gobierno”.
La Hora argumenta que en todo proceso judicial hay que verificar la legitimidad de personería de los sujetos procesales, por lo que solicita determinar si Óscar Pico, quien presentó la demanda, tiene competencia por sí solo para, a nombre y representación del Estado, haber interpuesto la acción de protección. Luego de esta acción judicial, el diario privado advirtió que sus abogados iniciarán otros procesos legales, entre los que se barajan acusaciones de prevaricato y falsedad ideológica.