El pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aprobó ayer, por unanimidad, una resolución de 7 puntos sobre el informe de la Veeduría Internacional a la Reforma Judicial del Ecuador.

Uno de ellos será formar una nueva veeduría ciudadana nacional que se encargará de monitorear si los entes estatales aludidos  aplican las recomendaciones.

También la Subcoordinación de Control Social del Cpccs vigilará el cumplimiento de dichas recomendaciones. Lo resuelto por la veeduría, coordinada por Baltasar Garzón y el Cpccs, no es vinculante.

Los observadores nacionales iniciarán su trabajo en marzo próximo, cuando concluyan las elecciones del 17 de febrero para  evitar que sectores políticos y mediáticos se aprovechen para hacer un “vaciamiento” del informe de la Veeduría Internacional. Así lo propusieron los consejeros Hugo Arias, Marcela Miranda, Mónica Banegas y Andrea Rivera.

La moción fue aceptada, aunque el vocal Luis Pachala aseguró que la resolución fue decidida por 4 de 7 integrantes del Cpccs. Eso ocasionó la reacción de Miranda, quien reclamó  “no es así, todos la conocían, no puede decir lo que le da la gana”.

El consejero David Rosero, en declaraciones a la prensa, descalificó todo el proceso de reforma judicial, pero especialmente la designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Frente a ello, el presidente del Cpccs, Fernando Cedeño, aclaró que “algunos consejeros no actúan de manera responsable, sino en función de las cámaras por el momento electoral”. Por eso pidió leer el informe de manera integral, para no caer en subjetividades.

Banegas insistió en que no se debe permitir hacer un “vaciamiento” del informe, escogiendo solo 4 ó 5 páginas a conveniencia de ciertos sectores políticos y mediáticos.

Eso en concordancia con lo que dijo, la semana pasada, el presidente Rafael Correa. “Como ya están en campaña los fariseos de siempre, oposición mediocre, con sus medios de comunicación, ahora resulta que hacen una apología del informe de la veeduría”, cuestionó.

Mientras se desarrollaba la sesión del Cpccs, el Consejo de la Judicatura defendió su trabajo frente a las críticas recibidas por supuestos favoritismos en el concurso que eligió a los miembros de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

El presidente del CJ, Paulo Rodríguez Molina, afirmó que “la nueva Corte Nacional de Justicia de Ecuador es constitucional, legal y legítima”. Descartó que un cambio en la orientación política del Estado vaya a provocar  retrocesos del sistema judicial y calificó a dicha afirmación como una “insinuación perversa”. “Por primera vez en Ecuador la justicia ya no responde a otros poderes, ni a otras funciones del Estado”, aseguró Rodríguez.

Con estas afirmaciones coincidió la vocal Tania Arias, quien sostuvo que la legitimidad del organismo tiene como base la consulta popular de mayo de 2011. Los vocales afirmaron que el Estado ecuatoriano y sus ciudadanos  no van a permitir una vez más la politización de la justicia.

Para ambos, Ecuador dio muestras a la región y al mundo de cómo se deben elegir a los jueces. “No se puede volver a politizar la justicia en función de opiniones de actores políticos, mediáticos o económicos”, afirmó Rodríguez.

Arias expresó que la Constitución establece a Ecuador como un Estado constitucional de Derechos y Justicia “por tanto las personas que consideren que tienen algo que reclamar al Consejo de la Judicatura, sea administrativo o judicial, pueden hacerlo”.

El Consejo de la Judicatura de Transición entregó al Cpccs 44 carpetas con documentos que sustentarían el cumplimiento de todas las recomendaciones que emitió la Veeduría Internacional que realizó al Programa de Reestructuración de la Justicia.