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El Telégrafo

Corte resolverá destino de Código electoral en mayo

Corte resolverá destino de Código electoral en mayo
25 de abril de 2012 - 00:00

La  Sala del cuarto piso de la Corte Constitucional (CC), en la que se realizó la audiencia pública sobre los cinco pedidos de inconstitucionalidad que enfrenta el  Código de la Democracia, estaba semivacía luego de cinco horas de audiencia.

Es que algunos de quienes solicitaron el recurso -Prian, MPD, Fundamedios, la Unión Nacional de Periodistas, la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco y Alianza Libertad-  fueron los primeros en salir de la sala. Alrededor  de 20 activistas políticos y asambleístas que presentaron el recurso   asistieron, otros ni siquiera lo hicieron.   

La audiencia se instaló a las 09:15 y a esa hora, en la CC, solo estuvieron  César Ricaurte, de Fundamedios; Farith Simon y Daniela Salazar, de la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco; Vicente Ordóñez,  periodista de  El Universo y presidente de la UNP, a quien  lo acompañó el abogado de la institución, Santiago Guarderas. También estuvieron Ciro Guzmán y Luis Villacís, del MPD.

Además, acudieron Vicente Peralta, en representación de la Presidencia de la República; Pablo Vásquez, de la Asamblea Nacional;  y Andrés Castillo, de la Procuraduría General del Estado.

También hubo legisladores. Diana Atamaint, de Pachakutik, llegó puntual pero  30 minutos después de iniciada la audiencia se fue. A las 10:15 arribó Vicente Taiano, asambleísta del Prian. A las 10:45 hicieron lo propio Paco Moncayo y Rafael Dávila. Este último salió luego de intervenir, algo similar  hizo  Ricaurte.

Así las cosas, dos bandos  con argumentos definidos se  instalaron  en la CC. De un lado,  los representantes de movimientos y  partidos políticos o como los definió Guzmán “dirigentes sociales de medios de comunicación”. Ellos tildaron de “exagerado, improcedente, inconstitucional” el artículo 21 del Código de la Democracia que se refiere a la publicidad y propaganda en los medios de comunicación en época electoral.

Mientras que, los delegados del Ejecutivo defendieron el articulado, introducido en el veto del presidente Rafael Correa. Según ellos, no  se limita la libertad de expresión ni de información, sino que se evita que activistas políticos  se disfracen de comunicadores. Así lo aclaró repetidamente  Peralta, en sus dos intervenciones.

La Constitución y el Código de la Democracia sobre  la mesa de los representantes del Ejecutivo y celulares y tablets, en la de los interpelantes, se convirtieron en las herramientas más usadas por cada uno.

Algunos, como Ricaurte, por ejemplo, no despegaban la mirada de su computador personal. Mientras que, Peralta llevó en dos cajas documentos como el veto del Ejecutivo y el Código de la Democracia.    

Todo estos sucesos hubo ante  la mirada del juez sustanciador  de la entidad, Alfonso Luz Yunes, quien   al terminar la audiencia, a las 14:00, y tras esquivar a varios medios de comunicación, dijo que su informe estará listo en mayo y que el pleno del CC tendrá 30 días para  decidir si acoge  o no los pedidos de inconstitucionalidad.

Sobre Luz Yunes  recae la tarea de elaborar un informe sobre las supuestas  inconstitucionalidades  de tres  artículos:  21 (publicidad y propaganda en medios de comunicación), 19 (método de asignación de escaños D’ Hondt para asambleístas  nacionales y  Webster para provinciales) y  207 (licencia laboral de funcionarios que accedan a una reelección en época electoral).

La definición del año electoral fue uno de los temas que más se debatió en la audiencia. Esto porque Guzmán, Moncayo y Guarderas manifestaron que, según la Constitución, solo se  puede realizar cambios en el Código de la Democracia un año antes de las elecciones, y que las últimas reformas entraron en vigencia el 6 de febrero de 2012, pero Peralta, en representación del Jefe de Estado,  argumentó que  las elecciones serán  el  17 de febrero de 2013 y los años tienen 12 meses y no 22 como dijeron los impugnantes, quienes  señalaron que el Ejecutivo hizo   ajustes en materias que no estaban incluidas en la ley.

Castillo desmintió esta aseveración  y señaló que el Ejecutivo envío textos alternativos a la ley aprobada en la Asamblea.

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