Para garantizar que el asesinato del clan taromenani a manos de los waorani -ocurrido el 28 de marzo de 2013- no quede en la impunidad y evitar que otras incursiones violentas se produzcan en la selva, la Fiscalía General del Estado está convencida de que los responsables deben ser sancionados.

Sin embargo, cómo aplicar la ley mestiza en delitos que involucran a comunidades indígenas aún ajenas a esa legislación está en análisis. Ayer, el fiscal Galo Chiriboga, en diálogo con la prensa, informó que el próximo miércoles hará la consulta a la Corte Constitucional.

Ese día se cumplirá un año del asesinato de los ancianos waorani Ompure y Buganey, quienes habitaban en la selva de la provincia de Orellana. El hecho motivó la ‘venganza’ del pueblo waorani y varios de sus hombres incursionaron en el territorio de los pueblos no contactados y habrían asesinado a varios indígenas del clan taromenani. Producto de ello, dos niñas de 7 y 5 años, presuntamente huérfanas, fueron extraídas de su territorio y adoptadas por los waoranis.

La Fiscalía intervino y rescató a la mayor de las hermanas. Además, como parte de las investigaciones, el juez que conoció el caso dispuso la prisión preventiva de seis waoranis implicados en el crimen, decisión que motivó la oposición de los líderes de la comunidad.

Y precisamente al mayor de los waoranis, en cuya comunidad estaría la infante de 5 años, se dirigió el fiscal general: “Quiero decirle a Araba que el fiscal no mete preso a nadie, que son los jueces los que disponen la detención de las personas. Y que la detención de los presuntamente vinculados con la muerte de familias no contactadas es porque nuestra Constitución y las leyes dicen que quien comete un delito debe pagar por ello pero no con dinero ni bienes, sino como establece la justicia”.

Tras explicar que se realizó un estudio antropológico sobre la cosmovisión waorani, la Fiscalía determinó que si bien la tradición waorani considera que tomar venganza con mano propia es legítimo, ese concepto no es aceptado por el Estado, ya que solo los jueces pueden sancionar. “En esencia el pueblo waorani comparte con nosotros los mestizos que no se debe matar... En lo que no estamos de acuerdo es cómo sancionar a quien mata y, respetando su forma de pensar, vamos a llevar este caso a la Corte Constitucional”, dijo Chiriboga.

La reflexión de la Fiscalía parte de que el hecho debe ser sancionado, pero también señaló que el sistema mestizo sanciona con la privación de libertad bajo el supuesto de que en un centro de reclusión se emprende un proceso de rehabilitación, un ideal que hasta el momento “no ha sido lo suficientemente eficaz para nosotros los mestizos y no creemos que ese sistema de rehabilitación deba aplicarse para los waoranis”, por lo tanto cree que son ellos quienes deben explicar cómo reparan a las víctimas.

La Fiscalía presentará un escrito al juez que conoce la causa para solicitar una audiencia en la que argumenten por qué solicitarán que este caso pase a la Corte Constitucional, la cual esperan que sea presentada hasta el 28 de marzo. El organismo es la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano y sus decisiones tendrán carácter vinculante.

En el diálogo también estuvieron presentes los dirigentes de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), Cahuo Boya y César Niwa. A ellos, el fiscal les pidió dialogar con Araba para que comprenda que existe una legislación que rige la convivencia, la cual también es válida para los waoranis.

Los líderes de la NAWE también se reunieron con la viceministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Nadia Ruiz, quien, a través de su cuenta de Twitter, calificó como fructífero el encuentro para avanzar en consensos de trabajo conjunto con la nacionalidad waorani.