El primer mandatario, Rafael Correa, vetó totalmente la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Correa justificó su decisión sosteniendo que en el texto se modifican competencias de la Asamblea, con el fin establecer una consulta pre legislativa y brindar más capacidad para fiscalizar a los legisladores.

La ley, enviada al pleno de la Asamblea el 19 de marzo, pretendía cambiar el sistema de fiscalización, al hacer que la decisión de aceptar o no un pedido de juicio político la tome la Asamblea y no la mayoría de la mesa a cargo.

El Jefe de Estado manifestó que "dichas disposiciones, tal como han sido propuestas, resultan inconvenientes, pues únicamente contribuirían a retrasar más su gestión y afectarían la gobernabilidad interna... Así se encontraría afectada la actividad legislativa al impedírsele al ponente realizar cambios al proyecto de ley que se encuentra en trámite previo a la votación del segundo debate tal como consta en el art. 37 propuesto.

También cuestiona el planteamiento de reducir el quórum decisorio para cambiar el orden del día, pero, “por el contrario, se lo refuerza para evitar la destitución o enjuiciamiento de los asambleístas, lo que considera inconveniente y redundaría en un perjuicio para la propia Asamblea”.

En lo relacionado con las facultades de fiscalización, “al ampliar la posibilidad de convocar a cualquier funcionario público, también se entorpecería la gestión de las diversas entidades públicas, que se verían afectadas por la ausencia de cualquiera de sus servidores”, advierte el Primer Mandatario.

Finalmente, se muestra en desacuerdo con la propuesta que se realiza para la administración del Registro Oficial a través de una empresa pública controlada por la propia Asamblea, el que, a su criterio, debería mantenerse como parte de una entidad ajena al Ejecutivo y al Legislativo.