Existen coincidencias entre la denuncia del ex embajador de Reino Unido en Uzbekistán, Craig Murray, quien aseguró hace poco que la CIA invertirá  87 millones de dólares para tratar de desestabilizar al Gobierno ecuatoriano y un artículo publicado por el periodista chileno Patricio Mery, quien esta semana ratificó esa información. Así lo dijo  el presidente Rafael Correa en su enlace ciudadano 296 transmitido ayer y grabado el viernes en Azogues.

Un fragmento del texto publicado por Mery en el portal electrónico “Panorama news” indica que “había un testimonio de un funcionario de la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia chilena) sobre el destino de los recursos económicos derivados del tráfico de drogas… Según esta fuente, la internación de cerca de 300 kilos mensuales de cocaína es parte de una operación de alto nivel dirigida y monitoreada desde las estaciones de la CIA y la DEA de la Embajada norteamericana para obtener fondos para financiar operaciones encubiertas que no son fiscalizadas o controladas por el Congreso de Estados Unidos”.

“Estos fondos, en especial, tienen por objetivo desestabilizar al Gobierno de Ecuador, cuyo Presidente ordenó el desalojo de la base militar de Manta, ocupada por Estados Unidos, inició negociaciones con China para llenar ese vacío de poder. Esto alteraría la hegemonía que Estados Unidos tiene en este hemisferio.

Según el informante, un sector de la CIA cree que (…) el halcón republicano Mitt Romney llegará a la Presidencia norteamericana, con lo que tendrán luz verde para oficializar la operación en contra del actual Gobierno de Ecuador”, reza el artículo, que se puede leer completo en la dirección electrónica http://bit.ly/SpvZpL.

Acerca del caso Duzac, el Primer Mandatario ratificó lo manifestado por Pedro Delgado, presidente del directorio del Banco Central, en el sentido de que los bienes de la banca quebrada son “revertidos a favor del pueblo y de los más necesitados en cuanto a vivienda de desarrollo de interés social o tierras productivas para campesinos”.

Además, aclaró que esos recursos se destinan para devolver el dinero a los ciudadanos perjudicados por la debacle financiera de 1999-2000 a través de la venta de los bienes de la banca responsable de aquella crisis, por lo que se han recuperado 11 millones de dólares.

Aunque Correa aceptó que han existido ciertos problemas con las empresas incautadas. Aclaró que estos se han originado por el boicot de algunos empleados que estuvieron al servicio de los ex propietarios de las mismas. “Les hemos hecho pagar con sus bienes todo lo que estafaron al Estado”, afirmó.

Sobre el veto parcial de la Ley de Burós de Créditos, el gobernante opinó que con su aplicación se establece que, en el caso del pago de las deudas por parte de los clientes, la cancelación primero se realizará al capital y luego a los intereses, después de una previa aprobación del Banco Central.

Hasta ahora, con las cancelaciones de los intereses por mora, por ejemplo, el cliente no paga el capital, sino solamente los intereses, por lo que el tiempo de cancelación se vuelve muy largo. Este veto del Ejecutivo deberá ser rechazado o ratificado por la Asamblea Nacional en menos de 30 días con 83 votos favorables.

Por otro lado, en vista del pedido de archivo de la Ley Orgánica de Redistribución Social por parte de los banqueros, comerciantes e industriales, Correa dijo que si eso sucede también se archivaría el gran beneficio que ellos tienen cuando pueden negociar el crédito tributario en el mercado de valores. “Para hacer justicia no es necesario estatizar la banca”, dijo.

Este proyecto sería discutido en la Asamblea, la próxima semana, y fue enviado con el carácter de económico urgente, por lo que tiene aproximadamente unos 25 días para ser debatido, de lo contrario entrará por el ministerio de la ley.