"Si quieren renunciar, nadie los va a detener", sostuvo el presidente de la República, Rafael Correa, al referirse a la amenaza de dimisión masiva que los médicos del hospital Pablo Arturo Suárez de Quito hicieron ayer en rechazo a la penalización de la mala práctica profesional que establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP), aprobado en segundo debate el pasado 13 de octubre.

"Es una lástima que apenas hay un desacuerdo se tomen estas actitudes", señaló el Mandatario durante el Enlace 344, desde el cantón San Miguel (provincia de Bolívar), al recordar lo que el gobierno nacional ha hecho por este sector y que no se puede negar. Mencionó así el incremento sustancial de sueldos, mejoras en equipos, hospitales e infraestructura, entre otros.

No obstante, el gobernante indicó que coincide en parte con la postura de los galenos. "No es por la presión que están haciendo, pero sí coincidimos en parte con la postura de los médicos. Es claro que hay que sancionar la mala práctica profesional como en muchos países del mundo, está incluso en la Constitución, pero sí se cometieron errores en la redacción del artículo", apuntó..

Correa explicó que en reuniones ya se había acogido la sugerencia del sector, se llegaron a acuerdos, se corrigieron los errores, incluso participó el viceministro de Salud, Miguel Malo, quien también es médico, "pero se puso otra cosa en la Asamblea".

El Presidente recalcó que no actúa bajo medidas de presión, pero recordó a los médicos que "todavía no ha pasado nada, hay que ver cómo sale (el código) de la Asamblea  y si no está acorde a lo que quedamos en la corrección del artículo lo voy a vetar". Añadió que si pese a ello insisten con la renuncia no se los detendrá y el gobierno tendrá que implementar un programa de emergencia para que la ciudadanía no se vea afectada.

"A mí no me perjudican, se perjudican ustedes mismos y a sus familias, por lo menos son coherentes y valientes, pero les quiero decir que ya se enmendó la redacción de ese artículo, pero hasta que no esté el ejecútese no ha pasado absolutamente nada. Actúo en base a principios no a presiones", reiteró.

De su lado, en comunicado, el Ministerio de Salud señaló que "garantiza el derecho a la salud de la población, así como el derecho al trabajo de las y los profesionales del sector en condiciones de estabilidad y seguridad".

Agregó que "el ejercicio profesional en salud lleva inherente un nivel de riesgo como ninguna otra profesión, por lo que no se puede predecir en forma absoluta los resultados de un acto particular; sin embargo, el profesional de la salud está obligado a realizar los procedimientos adecuados en todos los casos".

La cartera expresó que "el proceso legislativo no está concluido. En este contexto, el Ministerio de Salud Pública, en conjunto con todo el gobierno, ha estado analizando acuciosamente los alcances del nuevo texto".

Añadió que "los casos de mala práctica son excepcionales y escasos" y que el gobierno "sabrá actuar para asegurar los derechos de protección de todas y todos, salvaguardando también la práctica de los médicos cuyo desempeño se enmarque en los valores éticos de la profesión y de las leyes".