Con la asistencia de 105 legisladores, ayer se discutía -hasta el cierre de esta edición- el proyecto de Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales en la Asamblea Nacional.     

El cuerpo legal, que contiene seis artículos y una disposición transitoria, fue recibido en la Legislatura el 2 de julio y tiene 30 días para ser tramitado con el carácter de económico-urgente. 

El proyecto, que ayer tuvo su primer debate,  establece el pago para los ex empleados de las salas de juego que fueron cerradas en marzo de este año, entre otras disposiciones.

Paco Velasco, de Alianza PAIS, detalló que con las normas existentes no se puede llegar hasta los propietarios finales de “empresas de papel” a las que pertenecieron estos ex trabajadores (4.500 de los locales legales y 300 de los ilegales).

“Hubo un abuso de la personería jurídica de estos lugares ya que  pasaron la propiedad a nombre de terceros para evadir sus responsabilidades. Eso se convirtió en una argucia”, expresó, al tiempo de aclarar que con la cancelación a los ex empleados el Estado no adquiere un endeudamiento público (5 millones de dólares).  

Además demostró que existen casos que se demoran más de cuatro años para cobrar a través de una coactiva a empresarios que han incumplido con sus obligaciones “por las argucias” que obstaculizan estos cobros, según las normas vigentes.

El asambleísta  destacó que el proyecto también beneficia con más días libres a las empleadas domésticas, con guardería y horas de lactancia para los hijos y las madres trabajadoras (actualmente solo se aplica el segundo beneficio).

Javier Tomalá, también de PAIS, destacó el propósito del proyecto que busca proteger a los más débiles, a los trabajadores, ya que es hora de “parar los abusos” de los empresarios.

Por su lado, el asambleísta Paco Moncayo (Movimiento Municipalista) dio su apoyo a la indemnización a los ex empleados de los casinos, pero calificó al proyecto de ley como una “mescolanza riesgosa” ya que se combinarían varias temáticas  contempladas en otras normas.

Manifestó que ya se prevén sanciones contra los empleadores que incumplen con obligaciones como la afiliación o el pago de utilidades. El legislador dijo que no hacen falta más leyes, sino que se debe exigir el cumplimiento de las normas existentes a las instituciones públicas, para “corregir las ineficiencias” del sector estatal.

También rechazó que el proyecto se oriente a la “presunción de que todos son delincuentes. Va contra  la Constitución”. Y  propuso que se aplique el artículo 11 de la Constitución que establece la obligación del Estado a reparar las violaciones a derechos por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos. 

Richard Guillén (Sociedad Patriótica) aseveró que el Gobierno ha creado más conflictividad al comprar renuncias a miles de servidores públicos, además de que recordó que en la Constitución se prohíbe la estatización de deudas privadas.

Los propietarios no podrán evadir sus responsabilidades

Las instituciones del Estado podrán ejercer subsidiariamente su acción no solo en contra del obligado principal, sino también de todos los obligados, incluyendo a sus herederos mayores de edad que no hubieren aceptado la herencia con beneficio de inventario.

En el caso de personas jurídicas usadas para defraudar, la responsabilidad recaerá siempre sobre personas naturales, quienes responderán con todo su patrimonio.