El ministro de Relaciones Laborales, Francisco Vacas, anunció ayer que el Estado ya concluyó el pago de las liquidaciones a los trabajadores de los casinos y salas de juego que cerraron como resultado de la consulta popular de 2011.

En una comparecencia ante la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, el funcionario aseguró que el Estado desembolsó cinco millones de dólares para indemnizar a los ciudadanos que se quedaron sin empleo.

Vacas añadió que el objetivo es recuperar esos fondos con el remate de los bienes embargados a los dueños de las salas de juego. Actualmente ya se han recuperado dos millones de dólares producto de esas ventas y dos más están en proceso.

La Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, una iniciativa del Ejecutivo aprobada en la Asamblea, ordena al Estado asumir el pago de las liquidaciones. Además obliga a las autoridades a embargar y vender los bienes de los empresarios que evaden sus responsabilidades.

En ese sentido, Vacas contó que 1.700 afectados encontraron empleo gracias al plan de contingencia dispuesto por la cartera de Estado que dirige. Otras 600 personas no se acogieron a esta iniciativa. En la consulta de 2011 se aprobó declarar a Ecuador como país libre de juegos de azar.

Vacas acudió a la Comisión debido a una petición de información formulada por la asambleísta Nivea Vélez. Para ella la información no fue entregada de forma oportuna, ya que la pidió hace ochos meses.

La legisladora agregó que los datos sobre a cuántas personas se debían indemnizar eran cruciales para el debate que en ese entonces se realizaba sobre la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales. Frente a eso, Vélez lamentó que Vacas haya demorado tanto en acudir a la Asamblea.

De igual manera, la asambleísta Silvia Salgado mocionó para que se archive este proceso de fiscalización al declarar satisfactoria la información proporcionada por el ministro de Relaciones Laborales. Esa propuesta tuvo los votos necesarios por lo que la investigación terminó oficialmente.

Vélez insistió y requirió información relacionada con los ex trabajadores de Predesur, en la provincia de Loja, quienes han denunciado supuestas vulneraciones en sus derechos, por lo cual el funcionario de Estado se comprometió a emitir un informe hasta hoy, para que se proceda a arreglar el problema de los ex servidores.

La asambleísta representa a Loja y buscó la reelección, de manera infructuosa, en los comicios  del pasado 17 de febrero.

Seguro Social

En la Comisión también estaba prevista la comparecencia del presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Ramiro González, para que responda preguntas  sobre el proceso de contratación del call center de la entidad.

El funcionario ha sido consultado sobre las razones por las que se contrató a la empresa Recapt para atender las llamadas telefónicas.

Según Vélez, “para ganar el concurso (la compañía) tuvo que presentar dos ofertas simulando que había la existencia de otra empresa, lo que fue reconocido públicamente por su dueño”.

Sobre este tema la Comisión Legislativa resolvió pedir la intervención del superintendente de Bancos y Seguros para que entregue la información.