Yolanda Toapanta está agradecida con el Estado ya que recibió por primera vez un curso para cajeros comerciales y bancarios en el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap).

Ella trabajaba en el salón de juegos Viña Carolina (Invermun) de Quito, hasta que este fue cerrado el año pasado y sus máquinas fueron incautadas debido a que la mayoría de los ecuatorianos votó a favor de la prohibición de negocios dedicados a los juegos de azar.

Está satisfecha porque recibió gratuitamente conocimientos nuevos sobre computación, emprendimiento, atención al cliente, entre otros. “Es lo básico, además los profesores y sus enseñanzas son útiles”.

Pide a las entidades públicas o privadas que le brinden una oportunidad para laborar y poner en práctica lo aprendido en el curso.

Héctor de Martín, un ciudadano cubano, también recibió un curso gratuito, en su caso sobre seguridad alimentaria, en el que  aprendió cocina, atención al cliente, etc.

Agrega que él y sus compañeros recibieron además una ayuda económica de $ 600 durante los 3,5 meses que duró el curso. Ahora trabaja en una empresa privada.

Recomienda la capacitación, pero también que se colabore con más empleados que salieron de estos negocios para que consigan empleos.

De 700 ex trabajadores de los casinos cerrados que se  capacitaron (en total fueron cerca de 3.500), más de 600 laboraban en empresas públicas y privadas, confirmó hace poco, a la agencia Andes, la ministra de Industrias y Productividad, Verónica Sión.

El Gobierno ecuatoriano ha destinado $ 800.000 para la capacitación, impulso y financiamiento de proyectos productivos. En el caso de las iniciativas que tienen rentabilidad, los beneficiarios reciben asistencia técnica y créditos con montos iniciales de $ 8.500, más la aportación de quien recibe el estímulo de $ 1.500.

Según Eduardo Cadena, director del Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Quito, los empresarios han sido respetuosos con los resultados de la consulta en general. “No desconocemos la competencia de las autoridades y el poder de la decisión ciudadana”.

Por otro lado, el directivo afirma que la decisión de cerrar estos negocios atenta contra el uso del tiempo libre de ciudadanos  y contra la seguridad para la inversión privada.

“Lo que debía haber es amplia información sobre los pros y contras de estas actividades para que los ciudadanos decidan si acuden o no”.

Cadena considera que son graves las afectaciones a cerca de 28 casinos y 30 salas de bingo con inversiones aproximadas de $ 170 millones, lo cual “es una mala señal”