Dirigentes y abogados de las 30.000 víctimas de la contaminación causada por la explotación petrolera ejecutada al norte de la Amazonía ecuatoriana durante un cuarto de siglo por Texaco (Chevron), así como una auditoría de la Contraloría General y varios estudios, reflejan que la falta de una remediación técnica aún afecta a la salud humana, animal y actividades agrícolas.

La muestra estaría no solo en la afectación a la flora, fauna, aire y agua, sino a la salud de miembros de cinco nacionalidades indígenas: cofán, siona, secoya, waorani y kichwa, y a los miles de campesinos de Sucumbíos y Orellana.

Pese a que Texaco (cuyos derechos y obligaciones adquirió Chevron el 9 de octubre de 2001) dejó de operar en Ecuador hace una década, aún existen elementos contaminantes vertidos en el ambiente como resultado de las prácticas inadecuadas y dañinas empleadas, las que -según denunciaron los afectados- continúan produciendo daños ecológicos, ambientales, patrimoniales y personales, los cuales ni la transnacional estadounidense ni su subsidiaria (Texpet) han reparado.

Existen varios estudios respecto al impacto de la actividad petrolera, entre ellos, de la Unión de Promotores Populares de Salud de la Amazonía Ecuatoriana (Uppsae), que data de 1993, que se efectuó tras la salida de Texaco del país.

La petrolera fue condenada por contaminar 500.000 hectáreas, pero no cumple la orden judicial de pagar la indemnización, pese a que hay millones de litros de petróleo derramados, ríos y lagos contaminados, cáncer y abortos espontáneos, entre otros daños colaterales a la contaminación ambiental.

A Texaco se le atribuye haber derramado, durante medio siglo de operaciones en las provincias de Sucumbíos y Orellana, alrededor de 103 millones de litros de crudo y de arrojar 63.000 millones de litros de agua tóxica a ríos y esteros.

Luego de un juicio de 20 años, Texaco está obligada a pagar $ 19.000 millones, pero rechaza cumplir la condena. Sus activos fueron embargados en Argentina, pero el Gobierno de ese país pidió el levantamiento de la medida y la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la petrolera estadounidense.

El juicio lo entablaron 30.000 personas, entre indígenas y campesinos, afectadas por Texaco, cuyas acciones las compró Chevron.

Si bien el juicio civil entablado por los afectados hace 20 años en contra de la compañía estadounidense fue por daño ambiental y lo ganaron, el abogado de las comunidades y campesinos, Pablo Fajardo, manifiesta que los efectos consecuentes están a la vista, entre ellos la salud humana y animal.

Según estudios que han servido para amparar la demanda de los afectados, se calcula que entre 1972 y 1992 Texaco contaminó el suelo, esteros, pantanos, ríos y cauces naturales con 464’766.540 barriles de agua de formación, que resultan altamente tóxicas porque contienen petróleo (hasta 5.000 partes por millón) y están supersaturadas con sales de metales pesados, como cadmio y mercurio.

Texaco abrió 549 piscinas en los años que operó en la Amazonía, pero al concluir su actividad en 1992 solo taponó varias de estas y dejó en el interior todo su potencial contaminante. Luego, cuando forzada por las circunstancias Texaco se comprometió a la reparación ambiental (en 1995), el gobierno de Jamil Mahuad avaló en 1998 que efectuó trabajos de limpieza en muchas de ellas, pero una auditoría de la Contraloría realizada entre 1997 y 2000 determinó que los desechos tóxicos resultantes fueron sepultados en recipientes de concreto, como el denominado “sarcófago” construido junto a la Estación Sacha Central.

Además, Texaco quemaba los gases de desecho al aire libre, sin adoptar medidas para evitar o acentuar la contaminación con partículas altamente tóxicas. En ese sentido, se calcula que quemó en total 235.000 millones de pies cúbicos de gas.

También arrojó sistemática y continuamente, por más de dos décadas, desechos de crudo en los caminos de la zona para evitar que el intenso tránsito de su personal y equipos levante, en los períodos de sequía, grandes cantidades de polvo.

Esos procedimientos de Texaco contaminaron el suelo, cursos naturales de agua y el aire; destruyeron la vida acuática, la vegetación natural y los cultivos. Incluso, el agua lluvia fue contaminada debido a la dispersión en el aire de los gases resultantes de la combustión de los rudimentarios mecheros.

A consecuencia del deterioro ambiental, la población de Sucumbíos y Orellana se vio gravemente afectada en su salud y en expectativas de vida, al soportar la acción de los tóxicos, ya sea por haber entrado en contacto directo con ellos en el agua o en el suelo, por ingerirlos, respirando el aire contaminado, bebiendo el agua o consumiendo productos de animales que, a su vez, habían sufrido ya los efectos.

Los estudios han demostrado que el 83% de la población de Sucumbíos y Orellana ha sufrido enfermedades atribuidas a la contaminación, los más afectados fueron los menores de 14 años de edad. A causa de ello, la tasa de mortalidad en las comunidades expuestas a contaminación petrolera es superior a la media nacional y la incidencia del cáncer, como causa de mortalidad, triplica la media nacional y es cinco veces superior a la media de otras provincias amazónicas.

Incluso, cerca del 75% de la población que vive en áreas próximas a pozos y estaciones donde operó Texaco, se ha visto afectada por la pérdida total o parcial de cultivos. La fauna nativa y animales domésticos vieron alterado su ecosistema y al ingerir alimentos contaminados murieron, mientras que otros siguen acabando atrapados en las piscinas.

Asimismo, el 94% de familias ha perdido animales a causa de la contaminación que dejó como herencia la petrolera estadounidense, los más frecuentes: vacas, cerdos y gallinas.
De esa manera, las prácticas de Texaco debilitaron más la ya frágil economía familiar de los habitantes de esas zonas de la Amazonía y aumentó la pobreza de los indígenas y campesinos.

De allí que, según Humberto Piaguaje, coordinador ejecutivo de la Unión de Afectados por Texaco, es importante que Chevron cumpla la sentencia de la justicia ecuatoriana y pague la indemnización. Además, que deje de perseguir a dirigentes y abogados de los afectados (ver subnota).

“Nuestras voces no se van a callar”

Humberto Piaguaje, coordinador ejecutivo de la Unión de Afectados por Texaco, que representa a 30.000 víctimas de las actividades petroleras de la transnacional estadounidense, en entrevista con EL TELÉGRAFO aseguró que son blanco de la contaminación pasada y de las actuales mentiras y poder económico de Chevron.

Piaguaje, quien representa a las comunidades indígenas de las nacionalidades siona, secoya, cofán, waorani y kichwa, así como a campesinos, resaltó que la lucha es para que se repare el daño ambiental y la salud humana.

Las acciones legales contra Texaco-Chevron, dentro y fuera del país, las llevan adenlante, desde hace dos décadas, todo un equipo formado por dirigentes de las comunidades afectadas y varios abogados.

“Hoy miramos las consecuencias de las malas prácticas de explotación petrolera de Texaco de casi 28 años. Yo, como testigo de todo ese tiempo, porque nací en 1964, he visto la forma en que fluía el petróleo o la evacuación de aguas de formación por los ríos que atraviesan por mi comunidad secoya”, resaltó.

Añadió que “hemos visto, vivido, sufrido y somos los fieles testigos de esta irresponsabilidad ocasionada durante la actividad petrolera de Texaco”.

Respecto a lo que señala internacionalmente Chevron, de que el juicio en Ecuador ha sido un fraude, Piaguaje dijo que él, como indígena y representante de los afectados, diría que el fraude lo hacen ellos desde el instante que empezaron a realizar las actividades petroleras.
“Y aún más, son corruptos y mentirosos, porque todas las cosas que hicieron en cuanto a la contaminación permanecen en la Amazonía y aún así lo niegan. Nosotros, a más de ser los afectados, actualmente seguimos siendo víctimas de sus mentiras y de todo lo que hacen con su poder económico e influencias”, manifestó indignado.

El dirigente secoya insistió en que Chevron es poderosa y que tiene muchos abogados, técnicos y espías, quienes han llegado a las comunidades amazónicas afectadas a preguntar los nombres de los dirigentes y a tratar de convencerlos para que brinden testimonios que favorezcan a esa compañía, frente a lo cual muchos dirigentes les han dicho que no.

Reveló que él y otros dirigentes han sido amenazados desde hace tiempo, pero que no tienen miedo, ya que si algo les pasara la lucha la continuarán otros de los 30.000 afectados, que son de las provincias de Orellana y Sucumbíos, de las cinco nacionalidades y 27 campos petroleros, así como de varias agrupaciones campesinas.

“Nuestras voces no se van a callar ahí nomás, sino que van a seguir hasta conseguir justicia. Igual sucede con los abogados que nos representan en los juicios y reclamos, quienes nos han dicho que se sienten amenazados por personas desconocidas”, indicó.