En su objetivo de no pagar la indemnización de $ 19.000 millones por el daño ambiental, la transnacional petrolera Chevron Corporation ha entablado varios juicios que no solo buscarían dañar la imagen del país, de la justicia y amedrentar a los indígenas y colonos de la Amazonía, sino acorralar y “quebrar” al Estado ecuatoriano. 

Así lo alertó el martes pasado el canciller Ricardo Patiño, durante un conversatorio con la prensa nacional y extranjera. Esto también ha sido denunciado por el presidente de la República, Rafael Correa.

De allí la idea del Gobierno no solo de demostrar al mundo que la contaminación continúa en la Amazonía y que jamás se cumplió un verdadero plan de remediación, sino de alertar las verdaderas pretensiones de la multinacional estadounidense.

En uno de los juicios, por ejemplo, Chevron pide endosar al Estado ecuatoriano la sentencia de $ 19.000 millones, pues culpa del daño ambiental a la empresa estatal Petroecuador. Inclusive, exige que Ecuador le pague indemnización por daños morales, lo que elevaría esa suma.

De ocurrir aquello, sería “letal”, pues el Presupuesto General del Estado es de $ 30.000 millones y pagar una sentencia así significaría más del 60% de ese rubro, lo que causaría un gran daño a la economía.

De igual manera, pagar una millonaria sentencia como esa equivaldría a más del 20% del Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador, el cual supera los $ 80.000 millones.

Otro ejemplo que ilustra aquello es que las exportaciones del país como cacao, petróleo, banano, entre otros, generan $ 24.000 millones al mes. Ecuador se quedaría sin eso si la sentencia que se ventila en cortes internacionales favorece a Chevron.

“El Estado va a seguir defendiéndose frente a esa gran transnacional. Se equivocó de país”, ha repetido públicamente Correa, mientras que Patiño dijo el martes: “Si creían que les íbamos a tener miedo, pues no”.
Caso “Chevron I”

El primer juicio que Chevron inició en contra de Ecuador fue en 2004 y se basó en un proceso arbitral en Nueva York, en contra de la estatal Petroecuador, antes llamada CEPE.

DATOS

Caso Chevron II no se hizo público en 2006, porque según Jaime Varela, representante de la compañía, se creía que los afectados por la contaminación en la Amazonía ecuatoriana usarían eso en contra de la empresa, alegando que esta trataba de presionar a la Corte de Sucumbíos para que fallara a su favor.

Chevron gasta millones de dólares en una campaña de desprestigio contra Ecuador, para evadir su responsabilidad. 

En Ecuador, la sentencia de la Corte de Sucumbíos se está ejecutando desde el pasado 17 de octubre, a través del embargo de las regalías sobre las marcas de Chevron.

Chevron-Texaco se basó en dos cláusulas del Acuerdo de Operación Conjunta (AOC), firmado en 1965 entre Gulf Oil y Texaco.

El convenio puede implicar el uso de activos y otros recursos de las dos partes involucradas, que van a ser destinados a realizar una actividad comercial o empresarial. Un acuerdo de ese tipo establece las bases sobre las cuales son distribuidos los ingresos de la operación y los costos incurridos en común.

Las cláusulas arbitral y la de indemnidad en las que se basó Chevron exigían que las empresas no operadoras del AOC indemnizarán al operador por cualquier sentencia dictada en su contra, relacionada con las actividades desarrolladas.

Esa acción de la transnacional buscaba evitar el pago de cualquier sentencia con respecto al juicio ambiental de la Corte de Sucumbíos, emprendido en 2003 por las comunidades indígenas amazónicas afectadas por la contaminación.

Ante eso, en el mismo año, el Estado presentó una acción ante las cortes de Nueva York, para interrumpir el proceso arbitral.

Cinco años más tarde, un juez de la Corte Federal de Nueva York le dio la razón a Ecuador: Petroecuador no estaba obligada a ir a un arbitraje de Chevron-Texaco. Actualmente el caso se encuentra cerrado.

Caso “Chevron II”

En 2006, Chevron entregó una notificación de arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, basándose en el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones (TBI), suscrito entre Ecuador y EE.UU.

En ese sentido, en el WikiLeaks del 21 de marzo de 2006, el representante de Chevron en Ecuador, Jaime Varela, informó a funcionarios de la Embajada de EE.UU. sobre la pretensión de la compañía de presentar la demanda contra Ecuador.

La demanda se basa en que la petrolera estaba requerida por su contrato, a proporcionar al Gobierno ecuatoriano (GOE) combustible para consumo doméstico a precios subsidiados. Supuestamente, el combustible de consumo interno que Texaco (Chevron) proporcionara en exceso iba a ser acreditado a Texaco. Sin embargo, el GOE vendía el exceso de combustible al mercado externo y se quedaba con las ganancias.

Según Varela, esos casos estuvieron pendientes en las cortes por 16 años, lo que demostraba la falta de celeridad de la justicia ecuatoriana en siete demandas que Texaco presentó contra Petroecuador, entre 1991 y 1993.

Por este “retraso indebido” -según Varela- la suma que el Estado ecuatoriano le debe a Chevron sería de alrededor de $ 800 millones.

Patiño confirmó que sí existieron siete demandas de Chevron en contra de Ecuador en los tribunales nacionales; sin embargo, aclaró que fue porque la misma empresa no tomó las medidas necesarias para impulsarlas, ya que no entregaban los informes que las cortes pedían.

El 7 de julio de 2011, el Tribunal resolvió que Ecuador pague $ 96 millones a la empresa. La Corte de La Haya estableció que las cortes ecuatorianas violaron las normas de Derecho Internacional al demorar más de 15 años los fallos de estas demandas comerciales.

Frente a ello, la Procuraduría General del Estado argumentó que el TBI fue firmado en 1993 y entró en vigor cinco años después de que Chevron-Texaco dejara el país, por lo que no se puede hacer un uso retroactivo de la ley y el mismo contrato no lo estipula así.

El Estado presentó una acción de nulidad contra ese dictamen.

Caso “Chevron III”

El 23 de septiembre de 2009, Chevron-Texaco entabló una demanda internacional de arbitraje en contra de Ecuador, ante la Corte permanente de Arbitraje en La Haya.

Allí, de igual manera, la petrolera manifestó que Ecuador violó los términos de inversión del TBI, al no dar un trato justo y equitativo a los inversionistas estadounidenses.

De la misma forma, demandó que Chevron-Texaco no es responsable por el daño ambiental en la Amazonía ecuatoriana y que se debe endosar el monto de la condena del juicio de la Corte de Sucumbíos al Estado ecuatoriano.

Uno de sus argumentos es que el Estado liberó a la compañía de responsabilidad por los impactos ambientales en las provincias de Orellana y Sucumbíos, cuando se firmó el Acta de Finiquito en 1998 (en el gobierno de Jamil Mahuad). Además exige una indemnización por daños morales causados a su empresa.

El pasado 17 de septiembre, la Corte se declaró competente en virtud del TBI y dijo que el Estado no podrá seguir acciones a la compañía, aunque determinó que aquello no significa que se libera de las acciones legales individuales o privadas que puedan emprender los afectados.

También pidió a Ecuador tomar medidas para suspender o hacer suspender la ejecución de la sentencia de la Corte de Sucumbíos.

Sin embargo, el Estado ecuatoriano no puede acatar tal solicitud porque “es un Estado de derecho y existe una separación de poderes ejecutivos y jurídicos”.

Guerra deberá responder por perjurio-injuria

El exjuez ecuatoriano Alberto Guerra habría cometido varios delitos en su supuesto objetivo de beneficiar con su testimonio a Chevron, especialmente en el juicio que desde 2010 se ventila en la Corte Federal de Nueva York, entablado por la transnacional contra los afectados por la contaminación y sus abogados.

Uno de esos delitos sería el perjurio, al firmar la declaración juramentada asegurando que los abogados de los amazónicos intentaron sobornarlo para que emitiera un fallo a su favor, y que al final la sentencia del juez Nicolás Zambrano fue redactada fuera de la Corte de Sucumbíos.

La declaración de Guerra, que es utilizada como prueba por Chevron en el juicio de la Corte de Nueva York por “fraude procesal”, se vino abajo tras el informe presentado en los últimos días por peritos expertos en informática forense, como parte de las investigaciones que efectúa la Fiscalía (en etapa de indagación previa), por la denuncia penal planteada en Sucumbíos el 18 de febrero pasado.

También habría incurrido en injuria, por la falsa imputación de un delito, descrédito y deshonra, que ejerció contra los afectados, abogados y la administración de justicia. Además, por admitir su participación en un delito que no existió y luego se fugó al extranjero para no responder por esos supuestos delitos y pretender involucrar a terceras personas.