La próxima semana la Corte Constitucional (CC) emitirá su fallo sobre la demanda de inconstitucionalidad  del Decreto Ejecutivo 813 expedido por el presidente de la República, Rafael Correa, a través del cual dispuso la compra de renuncias obligatorias en el sector público, 

Ayer el pleno del organismo recibió en audiencia pública a autoridades del Gobierno, dirigentes de los servidores públicos y trabajadores, para que expongan los argumentos jurídicos. 

Mientras que el secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, en representación del Ejecutivo, defendieron la legalidad del Decreto 813.

“Lo que ha hecho el Presidente de la República, ejerciendo sus funciones, ha sido regular este sistema y establecer el monto indemnizatorio”, dijo Mera, al señalar que no se está violando norma alguna de la Carta Magna; en tanto, el ministro Espinoza negó que con la compra de renuncias obligatorias se afecte al derecho constitucional al trabajo
Diego Carrasco, en representación de la Procuraduría del Estado, dijo que no hay inconstitucionalidad.

A su vez Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, en su calidad de demandante, insistió en que la compra de renuncias obligatorias no está contemplada en la Ley de Servicio Público y expresó su sorpresa por el hecho de que el Ejecutivo haya destinado en el presupuesto del Estado del 2012, 154 millones de dólares para continuar con los despidos, pese a que la CC aún no ha resuelto las demandas. 

Patricio Pazmiño, presidente de la CC, dio 72 horas para que certifiquen lo actuado y presenten documentación, antes del fallo.