Revista Vanguardia, producto impreso de la editorial Gran Tauro Cía. Ltda. (Grantau), es solo una de las 58 empresas que han sido multadas por el Ministerio de Relaciones Laborales por incumplir con el porcentaje de contratación de personas con discapacidad. En la lista publicada en la página web del Ministerio aparecen empresas dedicadas a la banca, a los autos, hoteles, comisariatos, bebidas alcohólicas y medios de comunicación. Entre ellos, Diario Hoy y la propia Vanguardia (ver cuadro).

El artículo 42 del Código del Trabajo y el 64 de la Ley Orgánica del Servicio Público determinan que el empleador que cuente con más de 25 trabajadores está obligado a contratar personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas de manera progresiva hasta un 4% del total del personal. En el caso de Vanguardia, el Ministerio al no contar con los documentos que afirmen lo contrario, procedió al embargo.

El impasse legal no es de ahora, se originó en  2010 cuando la Dirección Regional del Trabajo del Ministerio detectó que  Grantau no presentó formularios de pago del décimo tercero y décimo cuarto sueldos, por lo que   el 29 de marzo de ese año sancionó a la empresa con una multa de 37.430 dólares.

Acciones legales interpuestas por la compañía detuvieron el cobro. En noviembre de 2010 la editorial recibió una sanción pecuniaria. Esta vez de 20.400 dólares, al no contar con personal con discapacidad. Y el 18 de enero de 2012 fue cuestionada por no presentar los roles de pago, contratos legalizados y formularios de pago de utilidades. La multa fue de $ 5.840, según el ministro Francisco Vacas.

Días atrás, Vacas informó que el pasado 9 de julio se le notificó a María Sol Izquierdo, representante legal de Grantau, que tiene 3 días para cancelar las dos últimas deudas, más intereses que suman  29.316,57 dólares. Pero al no tener una respuesta, el Juzgado de Coactivas procedió -el pasado 31 de julio- al embargo de bienes muebles y al secuestro de cinco motocicletas.

Una vez que Francisco Vivanco Riofrío dejó de ser el apoderado de Grantau, ese lugar lo  ocupó Izquierdo, según confirmó Carlos del Pozo Larrea, abogado defensor de la compañía, quien considera ilegal el embargo de bienes, por lo que pedirá la nulidad de lo actuado.

“La Jueza de Coactivas cometió un error al unir dos juicios coactivos en una sola providencia. El artículo 110 del Código de Procedimiento  Civil determina que la acumulación de autos no procede en juicios coactivos y el artículo 9 señala que los actos ilegales son nulos”, expresó, no sin antes mencionar que Vacas debe dar trámite al recurso de revisión presentado con anterioridad por la  Editorial, una vez  que  se entregó la documentación solicitada.

El abogado inculpó al Ministerio por no encontrar el contrato de la señora Fanny Castillo, quien tiene un cuadro de discapacidad y gozaría de todos los beneficios de ley.

Pozo añadió que el margen de utilidades de Gran Tauro es bajo y que apenas cubre el salario de los empleados. Al ser consultado sobre el monto, dijo desconocerlo. Pero agregó que las utilidades se obtienen de la venta directa de la revista, cuyo precio unitario es de 3,80 dólares.

“Serán 5.000 dólares al año, no tengo ni idea, pero es algo bajísimo porque es una empresa que busca dar un servicio de opinión”, aclaró.

Durante una entrevista radial, Iván Flores, editor de Vanguardia, anunció que alrededor de 500 mil dólares es la inversión efectuada para fortalecer este medio de comunicación. Asimismo,  manifestó que el impreso no dejará de circular y que no los callarán.

Juan Carlos Calderón, director de la revista, a través de las redes sociales recibe proclamas a favor de la libertad de expresión. Mientras el Ministro insistió en que se quiere confundir el incumplimiento laboral con la libertad de expresión. Aspecto con el que concuerda Rommel Jurado, asesor de la  Asamblea.

“La intención no es impedir que la revista deje de salir, sino que se cumpla con la ley”, exclamó. En esa misma línea se mantienen el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, y el presidente de la República, Rafael Correa, quien en su cuenta de Twitter expresó: “Vanguardia, un vulgar caso de evidente incumplimiento de obligaciones laborales, elevado a otro ‘atentado’ a la libertad de expresión”.