Entidades de control del Estado realizarán una auditoría  de los procesos de entrega de visas de los  últimos nueve años  que  se tramitaron  a través de   la Dirección Nacional de Extranjería.  El objetivo es determinar si hay más personas involucradas y perjudicados  en  la entrega irregular de estos documentos a ciudadanos extranjeros.  

El anuncio lo realizó ayer el secretario nacional de Transparencia, Edwin Jarrín, tras informar que en el último caso investigado en Ecuador sobre la entrega de visas a ciudadanos cubanos y chinos  se encontró que 674 documentos habrían sido entregados  de manera irregular en la Dirección Nacional de Extranjería del Litoral.
En el proceso de investigación se han   involucrado a 22 personas, de quienes 3 están con arresto domiciliario por ser mayores de 65 años; y   l9 tienen prisión preventiva. Este es el tercer caso de entrega de visas con irregularidades  que se denuncia en el último año y medio en el Ecuador.

Según la investigación, que inició en julio pasado,  se determinó que en la entrega fraudulenta estarían  involucrados  funcionarios  de la Dirección, notarios, tramitadores, registradores de la Propiedad  y policías de migración que participaron en la entrega  de visas tipo IV y VI a cubanos y chinos.

En las primeras investigaciones se determinó que varias visas fueron tramitadas con documentos falsificados, escaneados o inconsistentes y en otros casos con expedientes incompletos, ya que no cumplían con  los requisitos señalados en la Ley de Extranjería y su reglamento.

El operativo incluyó el allanamiento de 24 inmuebles en los que se encontraron copias de pasaportes, sellos de notarías, escrituras públicas, documentos que al parecer eran utilizados en el trámite de las visas. Los delitos que se habrían cometido son  falsificación de instrumentos públicos, uso doloso de documento público falso y tráfico ilegal de migrantes.

El caso se plantea en dos frentes. El primero, relacionado con las acciones judiciales, están abiertas tres instrucciones fiscales que duran 90 días y en ese proceso se sustentará el tema; y  segundo, se refiere a la acción administrativa, con la cual se revocan las 674 visas que tienen errores administrativos.

Apoyo a las indagaciones

Jarrín informó que tras conocer los hechos y determinar que el proceso está en manos de los funcionarios judiciales estos deberán pronunciarse en los próximos 90 días. Mientras tanto, las visas que no cumplen   los requisitos legales deberán ser revocadas administrativamente.

Hasta el momento  no hay una fecha para proceder al trámite de revocación de las 674 visas, la  disposición será dada por el  ministro del Interior, José Serrano.

Sobre la situación migratoria  de los involucrados en el trámite de las visas, Jarrín dijo que por un anuncio realizado por Serrano los  perjudicados podrán presentarse a las entidades judiciales para hacer las denuncias sobre cuánto, a quién pagaron y  cómo acceder al documento. Los ciudadanos podrán ingresar al sistema de visas humanitarias.
“Entendemos que el ciudadano extranjero  fue víctima de extorsión, se podría establecer algún tipo de visa humanitaria, si ellos voluntariamente se acercan a hacer la denuncia de los pagos irregulares que hicieron y denuncias a quienes hicieron los cobros”, añadió Jarrín.

En un comunicado dirigido a la ciudadanía, Ivole Zurita Zambrano, registrador de la Propiedad,  manifestó en cinco puntos   que no hay ningún elemento jurídico convincente que haga presumir su participación  en la entrega de visas, puesto que en su calidad de ex notario 25 de Guayaquil daba fe de las declaraciones de los ciudadanos extranjeros y no del contenido de los documentos que presentaban.

En el último punto, Zurita planteó ser víctima de “una persecución política” por el delito de mantener desde  el 1 de julio del 2011 el cargo de director del Registro.