El plazo de 18 meses para  reestructurar el sistema de justicia de Ecuador comenzará el próximo lunes, cuando se instalará oficialmente el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) y mantendrán la primera reunión los tres integrantes: Paulo Rodríguez (representante del Ejecutivo), Fernando Yávar (de la Función de Transparencia)  y Tania Arias (del Legislativo).

Luego de que el jueves en la tarde la Asamblea Nacional eligió a Tania Arias como su delegada, ayer se esperaba que se integre al CJT y junto con los otros dos funcionarios mantuviera la primera reunión, sin embargo fue postergada para el lunes, debido a que Yávar se encontraba en Guayaquil y Arias cumplía sus últimas actividades en la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Y es que luego de ser elegida, Arias presentó la renuncia al cargo que   desempeñaba, la cual fue conocida y aceptada por el pleno del TCE ayer en la mañana, por lo que se cumplió con las formalidades y está habilitada para ocupar la nueva responsabilidad.

Yávar confirmó que se prevé la primera reunión del CJT  el próximo lunes, por lo que a partir de la fecha estará total y formalmente integrado el organismo que por mandato popular será el encargado de  reestructurar la justicia. Este plazo correrá desde el momento que esté integrado el pleno tripartito del consejo.

Reveló que el presupuesto inicialmente previsto para el trabajo que van a cumplir sobrepasa los 400 millones de dólares y que una de las prioridades será   evaluar a   los servidores judiciales, para lo cual se conocerá el trabajo que realizó la Universidad chilena de Talca y que no   lo concluyó por falta de facilidades.

“El Código Orgánico de la Función Judicial establece un sistema de evaluación para todos los servidores judiciales  no solo del área penal, sino de las áreas civiles, laborales, inquilinato, niñez, etcétera, además los administrativos. Los servidores judiciales  serán evaluados en un plazo de 180 días. Quienes pasen la evaluación  permanecerán en sus funciones, quienes no pasen  serán cesados inmediatamente”, dijo en declaraciones anteriores, al subrayar que en este proceso se incluye el personal de la Fiscalía y Defensoría Pública.

En días pasados el delegado del Ejecutivo, Paulo Rodríguez, aseguró que en la evaluación no habrá persecución a nadie, sino que se buscará “potenciar a todos los empleados y funcionarios que quieran, conscientemente, apoyar la reestructuración de la justicia” y que “el talento humano, el modelo de gestión, la infraestructura y la aplicación de tecnología son algunos de los aspectos que se tomarán en cuenta para la reestructuración”.

El pasado lunes, Yávar y Rodríguez asumieron sus cargos en el edificio de la Judicatura, pero no han tomado decisiones ya que esperan estar los tres integrantes del organismo para hacerlo.

Durante esta semana recibieron información de parte  del director general del Consejo de la Judicatura, Gustavo Donoso, así como de funcionarios de nivel medio.
La expectativa y nerviosismo ante posibles cambios de personal se mantiene en los empleados y funcionarios del organismo.