El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) es el organismo de última instancia para sancionar en época de elecciones. Entre sus facultades está el garantizar un proceso transparente y equitativo.

¿Cuál es la participación del TCE en campaña electoral?
Ahora en campaña el trabajo es el conocimiento de las infracciones electorales. En esta fase la ciudadanía puede presentar sus denuncias directamente ante el TCE, porque en otras fases solo podían hacerlo los sujetos políticos que se sentían afectados.

¿Cuál es el mecanismo para hacer las denuncias?
Primero los ciudadanos pueden presentar sus denuncias en cualquier Delegación Electoral y ellos nos la remiten de forma inmediata, o pueden hacerlo personalmente en las oficinas de la entidad en Quito.

¿Cuál es el proceso?
Sorteamos el conocimiento de la infracción electoral y  en primera instancia  le corresponde a un juez,  quien  analiza si se cumple con los requisitos formales de una denuncia. Luego de esto el juez admite el siguiente paso que es establecer fecha para la audiencia pública en donde se determina si hay o no infracción.

¿Se puede impugnar esta decisión?
Claro, si el sujeto político no está de acuerdo con la resolución puede,  en el mismo Tribunal, pedir una revisión, ahora ante el pleno, y este en 10 días debe resolver  si ratifica lo actuado por el juez o no.

¿Cuáles pueden ser las sanciones?
La ley establece el tipo de sanciones. En el periodo anterior (elecciones presidenciales) superamos los $130 mil en multas. También podemos disponer la suspensión de los derechos políticos dependiendo del tipo de infracción o hasta  destituir del cargo a un funcionario público.

¿A quiénes pueden sancionar?
Pueden ser sujetos políticos, servidores públicos o medios de comunicación. En el caso de servidores públicos podemos destituirlos porque la norma nos faculta. En el proceso anterior separamos a un funcionario que utilizó una camioneta para transportar material electoral.

¿Luego de la campaña  cuál es la labor del TCE?
Recordemos que es el CNE el ente administrativo  que controla el gasto electoral, el que   determina que si hay una irregularidad debe remitirla para juzgarla y emitir una sentencia. Lo importante es que nuestra sentencia es de última instancia y no pueden recurrir a otro medio; estamos al mismo nivel de la Corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional, es decir, en el país hay tres jurisprudencias, incluyendo al TCE.

¿Al terminar las elecciones cuál es la labor de la entidad?
 Tenemos que seguir con el juzgamiento de gasto de campaña y las sanciones de las infracciones electorales. A esto se suman las capacitaciones para formar al personal idóneo para que esté preparado para próximos procesos electorales.

¿Cómo califica hasta ahora  el proceso electoral?
Tenemos que estar claros en que la Función Electoral es parte de los cinco poderes que tiene el Estado y está conformado por el Consejo y el Tribunal. Mientras ejecuta toda la fase administrativa del proceso y nosotros somo un tribunal de justicia especializada en materia electoral. Antes de la Constitución de 2008 existía el Tribunal Supremo Electoral conformado por los delegados de los partidos políticos y ellos tomaban decisiones y resolvían las apelaciones, lo que no representaba imparcialidad; ahora estamos personas que no pertenecemos a partidos políticos y tenemos amplia experiencia en el ejercicio de la profesión.

¿Cómo se ha desarrollado hasta ahora el proceso?
Son varias fases, una fue la inscripción de movimientos y partidos políticos y otra la calificación de candidaturas; en ambos procesos recibimos 40 y 48 impugnaciones, respectivamente. De esos procesos calificamos a 6 organizaciones políticas e igual número de candidaturas.