Ricardo Antón, ex director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), reapareció ayer y ofreció explicaciones sobre el contrato que firmó para la dotación de chalecos a los choferes de motos.

Él calificó de mamotreto el informe de la Contraloría que establece indicios de responsabilidad penal por firmar un contrato sin una necesidad clara y sin cumplir los requisitos legales.

Antón no culpó al contralor Carlos Pólit, sino a los auditores de la institución. Señaló que desde 2006, en la presidencia de Alfredo Palacio, surgió la idea de regularizar a los motociclistas. “Nadie en este país sabía a ciencia cierta cuántas motos rodaban”, explicó. Frente a eso, señaló, se tomó como referencia estudios de gremios especializados en motos.

El ex funcionario añadió que las asociaciones de motociclistas y datos de importación mostraron que en Ecuador rodaban alrededor de 600.000 motos.

Por esa razón se firmó la compra de 600.000 kits, los cuales traían, cada uno, dos chalecos y una placa reflectiva. Por lo que  calificó de falso que se hayan adquirido 1,2 millones de esas prendas.

Los chalecos costaron 6,6 millones de dólares y al unirse con las placas reflectivas el contrato ascendió a 10 millones de dólares.

Aceptó que cuando se firmó el documento estaban matriculadas alrededor de 100.00 motos, pero el objetivo era regularizar a todo el sector, el cual estuvo desatendido durante mucho tiempo.

Cada chaleco, aclaró, costó 5,50 dólares y aseguró que cuando los vio parecían de buena calidad. Antón explicó que si ahora están fallando, el Estado puede cobrar las garantías del caso.

Negó la posibilidad de que haya algún tipo de peculado, porque la entidad contrató a la empresa IMC, que forma parte del grupo EICA, que está en manos del Estado luego de ser incautada a los Isaías.

El ex director culpó de las acusaciones a su gestión al frente de la ANT y prometió que en una semana se referirá al caso de los GPS, compra que también fue objetada por al Contraloría.