En América Latina, a principio de los 80, la deuda pública y la dificultad de pago fueron las excusas perfectas para la implementación del decálogo neoliberal por excelencia, con muchos planes de desajustes y programas desestructurados.

El objetivo era sencillamente privatizar países, disponer de una periferia secuestrada, rentable para los poderes económicos transnacionales, a modo de complejo turístico de “all inclusive” en el que los capitales golondrinas tenían su pulserita para poder hacer lo que les diera la financiera gana.

El informe Brundtland había alertado sobre la batalla de los recursos naturales, y los países centrales necesitaban ampliar su frontera energética. El desembarco neoliberal, a modo de troika (FMI, BID y el ministro de economía de cada país), diseñó economías para una minoría, garantizando -cómo no- el pago de la deuda a los acreedores internacionales. Por el contrario, la deuda social creció. Las décadas sufridas, nunca pérdidas, en América Latina, sucedieron con unos resultados nefastos: deuda laboral, deuda habitacional, deuda de servicios básicos, deuda nutricional, deuda educativa, deuda sanitaria y deuda distributiva.

Y la historia cambió cuando las mayorías exigieron soluciones como acreedores de esa deuda social. Los nuevos gobiernos populares han modificado las prioridades y, por ende, la política económica. La deuda social es el gran objetivo. Cada país opta por diferentes vías en algunas cuestiones clave: ruptura o reforma constitucional, papel del Estado, niveles aceptados de enriquecimiento del sector privado, redistribución del excedente económico, gestión de los recursos estratégicos, relaciones internacionales y transformación distributiva de la matriz productiva.

Después de unos años de posneoliberalismo, las consecuencias son evidentes: las grandes mayorías, por ejemplo en Venezuela, Bolivia y Ecuador, cada vez son menos acreedores de deuda social. En términos de ingresos, la deuda social está siendo erradicada. El gobierno de Evo Morales ha logrado que la extrema pobreza se haya reducido de 38,2% a 24,3% en el período 2005-11; el gobierno de Chávez ha conseguido que la pobreza se haya reducido del 21% a 7% en período 1999-2011; el gobierno de Correa ha alcanzado que la pobreza extrema se haya reducido de 16,5% a 9,4% en el período 2006-12.

Los niveles de desigualdad también se han reducido. La educación y sanidad ha mejorado y se ha democratizado. Hay menos deuda habitacional. El desempleo y el subempleo siguen bajando.

El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas también se ha reducido. No es viento de cola como diría un neoliberal, tampoco son milagros, es cuestión de política. Una política que defiende una economía para las mayorías, en la que la inversión social prevalece sobre la amortización de la deuda pública y la soberanía no es sinónimo de defensa de accionistas de las grandes empresas.

Erradicar la deuda social es otro paso más, no el único, en el proceso de transformaciones estructurales que cambie de raíz el patrón económico. Esto no se consigue en un día ni en dos, quizás se podría haber avanzado más, pero las tensiones son muchas, y ahora, lo cierto es que hay menos acreedores en América Latina. Las mayorías están menos endeudadas socialmente.

Doctor en Economía, Coordinador América Latina Fundación CEPS
(@alfreserramanci)