La desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo, el 8 de enero de 1988, evidenció varias irregularidades cometidas al interior de la Policía Nacional. El caso fue el primero en ir a una corte civil y en sentenciar penalmente a siete de los casi 40 implicados, pese a la ausencia de los cuerpos. Dos décadas después, la Fiscalía reabre la investigación con nuevos implicados, testigos protegidos y diferentes versiones, que la familia Restrepo ha decidido, por ahora, tomar con calma.

Con la mirada fija en las páginas del libro Caso Restrepo: crimen de Estado, publicado por Mariana Neira en 1998,  Martha Arismendy, tía de los jóvenes desaparecidos,  revive los momentos de angustia que enfrentó su familia.
“No entendemos por qué el infame trabajo (de la Policía) para destruir la información. Una cosa tapaba a la otra y ahí venían los desencantos. Nosotros solo buscábamos a los niños”, cuestiona, mientras relata los constantes viajes dentro y fuera del Ecuador para encontrarlos, así como las veces en que la subteniente Doris Morán les aseguraba que Santiago y Andrés volverían con vida. Tampoco olvida a los agentes del ex SIC-P que llegaron a su casa con pistas falsas.

Los recuerdos toman fuerza una vez que los ex agentes, sentenciados en 1994 por la desaparición de los jóvenes, hoy dicen que sus  cuerpos estarían en el cementerio El Batán. Para Arismendy, esas versiones y todas las nuevas que de ahí surjan deberán ser investigadas, pues asegura que la Policía se ha encargado de eliminar evidencias y modificar documentos.

El testimonio del ex policía Salomón Castillo involucró a Edgar Fraga Narváez, Libardo Gudiño Paredes y Jorge Armando Medrano, ex agentes de la brigada de Automotores del SIC-P, como responsables de la detención ilegal, tortura, muerte y desaparición de los jóvenes.

Aunque los ex policías pidieron la baja en el 2007, fue apenas esta semana cuando rindieron su versión de los hechos, pese a que la Comisión de la Verdad ya los había convocado hace  dos años. Ellos niegan su participación en los hechos ocurridos entre el 8 y 11 de enero de 1988, versión que respaldaron con los reportes del ingreso y salida  del personal del SIC-P de aquella época. Sin embargo, Martha duda. “No se puede creer en los documentos del SIC-P. Muchos fueron alterados y entre ellos se contradicen”.

Precisamente, en una diligencia realizada el miércoles pasado, José Moreno, abogado de los tres  involucrados, presentó un reporte en el que demostraba la presencia del ex policía Camilo Badillo (uno de los sentenciados en 1994)  en el SIC-P en los días de la desaparición, mientras que él, con un documento semejante en la mano, aseguraba que en  esos días participaba en el  curso de frontera. Los dos papeles  tenían el mismo membrete y los sellos de la institución.

En torno al caso Restrepo giran un sinnúmero de versiones y ciertos detalles que se pierden en la fragilidad de la memoria. Según el libro de Neira, el 4 de enero de 1988 la Policía ecuatoriana se suma a la búsqueda del narcotraficante colombiano Jorge Luis Ochoa, socio de Pablo Escobar. Las autoridades colombianas habían prometido una recompensa de 500 mil dólares por la captura y la prensa nacional anuncia que “Buscan a Ochoa en Ecuador”.

La Policía local incrementó los controles para evitar el ingreso del narcotraficante y el caso pasó a la Interpol, en ese entonces liderada por el coronel Gilberto Molina, quien años más tarde desmintió la posibilidad de que los jóvenes Restrepo hayan sido confundidos con narcotraficantes.

En aquella época, Molina también estudió Ciencias Internacionales y después Jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador, convirtiéndose con el tiempo en policía, diplomático, abogado, comerciante de automotores y minero. Fue así que entre las tantas versiones que surgieron en torno a la desaparición de los hermanos Restrepo hubo quienes afirmaron que la detención se produjo para incautar el jeep Trooper que conducía Santiago.

Lo que hasta el momento se pregunta la familia  Restrepo es cómo desapareció el motor del vehículo, hallado en la quebrada Paccha en febrero de 1988, cuando la Policía armó la escena de un accidente de tránsito que en 1991 fue desvirtuada por una comisión internacional.

Para Pedro Restrepo, la búsqueda de sus hijos continúa. No se niega a la realización de nuevas investigaciones, pero mientras no haya pruebas mantiene vigente el relato del ex agente del SIC-P, Hugo España, de que los cuerpos de sus hijos fueron arrojados a la laguna de Yambo (Cotopaxi). Y aunque  su salud se ha deteriorado, el jueves recordó el cumpleaños de su hijo mayor, Santiago, que ahora tendría 41 años.