Expertos y conocedores del derecho consideran que el Consejo de la Judicatura debería analizar la actuación de los abogados defensores del ex presidente Jorge Jamil Mahuad Witt. Dicen que con sus “argucias” legales para interponer recursos y generar “incidentes judiciales”, han logrado dilatar el juicio que por peculado inició en enero de 2000.        

Mahuad, hijo de padre libanés (Antonio Mahuad Chalela) y madre alemana (Rossa Witt) afronta un juicio por decretar el feriado bancario que perjudicó a miles de ecuatorianos. Según cifras de la AGD, el costo del salvataje bancario totalizó $ 8.072 millones.

Jorge Rodríguez, ex integrante de la Comisión Anticorrupción, considera “miserable” la acción de la justicia en los 12 años que ha durado el juicio contra el ex mandatario nacido en Loja el 29 de julio de 1949, pues el caso ha sido conocido por 56 jueces y hasta ahora no hay sancionados. Considera que los principales culpables de dilatar el proceso son los abogados de Mahuad.

“Los abogados no siempre han sido los mismos, según las circunstancias han ido cambiando, pero hay algunos que son permanentes como el caso de Patricio Vivanco, y unito que anda haciendo jolgorio en los medios de comunicación como es Ramiro Aguilar (actual candidato a asambleísta por SUMA), quien ha sido defensor de Mahuad tanto tiempo y se ha permitido insultarnos a Víctor Granda (ex diputado que acusó a Mahuad) y a mí. Otro de los abogados es al que le rompieron la nariz y que le quedó como hacha, fue el ministro de Gobierno de Mahuad llamado Vladimiro Álvarez (editorialista de diario Expreso)”, dijo.                            

Juan Pablo Aguilar y Mario Prado son los actuales defensores de Mahuad,  electo mandatario para el periodo 1998-2002, bajo el slogan de “Sé lo que hay que hacer y cómo hacerlo” para salvar al país, cobijado por la Democracia Popular (del también ex presidente Osvaldo Hurtado Larrea), pero que no culminó su periodo presidencial porque fue derrocado el 21 de enero de 2000.

A decir del penalista Eloy Albán, el encargado de sancionar este proceder de los abogados es el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Pero aclara que la sanción debería ser el producto de una auditoría legal y un análisis prolijo del proceso de Mahuad, para determinar  si han tenido realmente fundamentos legales al presentar los recursos en la búsqueda, incluso, de conseguir su sobreseimiento definitivo.   

El Código Orgánico de la Función Judicial estipula medidas en contra de los abogados que entorpecen el normal desarrollo del juicio. Estipula, incluso, hasta la suspensión temporal del ejercicio profesional. Sin embargo, Rodríguez cree que si el CNJ analiza sus actuaciones y los sanciona, “van a victimizarse y decir que es persecución del Gobierno y  un asunto electoral, porque  así viven del cuento haciéndole creer a la gente cosas contrarias a la verdad”.   

Los abogados de Mahuad, sin embargo, no lo ven como “argucias” o “incidentes” legales, sino que estiman que se apegan a la ley para interponer recursos. Según lo dicho por Patricio Vivanco a la prensa, el juicio contra su cliente “siempre fue un tema político y hoy es un tema electoral”.