Con cifras en mano, el presidente de la República, Rafael Correa, demostró que la situación de los niños, niñas y adolescentes del país ha mejorado en los últimos años: más de 500.000 han dejado de trabajar y han regresado a las aulas escolares.

Correa, durante su enlace sabatino, destacó la presentación de un informe realizado por el Consejo del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y las organizaciones Save the Children, Unicef y Plan Internacional.

En el enlace ciudadano 274, efectuado ayer en Cayambe, indicó que el informe manifiesta que actualmente 213.000 niños trabajan en  Ecuador, cifra menor a la que se registraba en 2011, que era 788.000 menores.

El estudio, asimismo, reveló que entre 1990 y 2011 se produjo un descenso del índice de mortalidad infantil en el país, al pasar de 30% a 12%.

También redujo el porcentaje de infantes en situación de pobreza extrema de  47% a 18%, a la vez que se resaltan cambios positivos en educación y la disminución significativa del trabajo infantil. “Esta es la realidad, duela a quien le duela, y aunque quieran engañarnos, la realidad es clara”, manifestó el Jefe de Estado.

Cifras en el sector justicia

Durante el informe, Correa también resaltó que las medidas adoptadas para mejorar la seguridad ciudadana están dando resultados.

Indicó que el 76% de detenidos en delitos flagrantes está en prisión desde el pasado 21 de mayo, cifra totalmente diferente a lo que ocurría antes, cuando el 52% de aprehendidos en estas condiciones era liberado el mismo día, mientras que el 70% recuperaba su libertad en los tres días posteriores de su captura, lo que incidía como una de las principales causas de las altas cifras de inseguridad.

El Mandatario agradeció a la Función Judicial por los cambios y pidió a la Asamblea Nacional que fiscalice la actuación de todos los poderes del Estado y no solo la del Ejecutivo.

Entre otros temas ratificó que remitirá un proyecto económico urgente  para pagar las indemnizaciones a los ex trabajadores de las salas de juego de Invermun, empresa que no ha cumplido sus obligaciones con sus ex empleados.

Recalcó que este es un acto irresponsable de empresarios, como los de Invermun, que no cumplieron con la ley y tampoco tenían bienes a su nombre para responder luego del cierre.