El presidente Rafael Correa mediante Decreto Ejecutivo No. 669 dispuso que el Consejo Nacional Electoral convoque al pueblo ecuatoriano a las urnas para que decida sobre un cuestionario de 10 preguntas que abarcaban varios temas, como la caducidad de la prisión preventiva; la prohibición para que instituciones financieras o de comunicación privadas, o sus directores, tengan acciones en empresas fuera del ámbito de su competencia; la sustitución del Pleno del Consejo de la Judicatura en funciones, por uno transitorio; la prohibición de salas de juego y casinos; la supresión de espectáculos donde se dé muerte al animal; la afiliación al Seguro Social, entre otros.

El referéndum constitucional y la consulta popular se efectuaron el 7 de mayo de 2011. Y aunque partidos de oposición e instituciones aludidas emprendieron una campaña por el no, los votantes dieron su aprobación a todo el texto.

Exceptuando el tema 8, cuyo resultado estaba sujeto a la decisión de cada cantón.
Los cambios operados a raíz de la aplicación de los resultados del referéndum y consulta, sobre todo en el área judicial, fueron evidentes: el Consejo de la Judicatura de Transición emprendió una serie de transformaciones como la construcción de nuevas judicaturas en las 24 provincias, el desarrollo de una plataforma digital de última tecnología con miras a lograr cero papeles en la administración de justicia, pero, sobre todo, el inventario y posterior despacho de más de un millón y medio de procesos y la selección de jueces por medio de concursos de méritos.

En cuanto al punto sobre la reglamentación a los contenidos de los medios, aprobado en la consulta, no se lo aplicó porque hasta la fecha la Asamblea no ha logrado expedir la Ley de Comunicación.

El plebiscito de 2011 cerró un ciclo de 7 procesos electorales sucesivos, en los cuales los candidatos y propuestas de Alianza PAIS recibieron el apoyo mayoritario de los ecuatorianos.

LA “METIDA DE MANO” QUE CAMBIÓ LA RELACIÓN DE PODER

Si hay un asunto que la historia tendrá que fijar en su cronología como el punto de quiebre, fue la consulta de 2011: quienes se asumían como propietarios de la justicia recibieron el golpe certero. Igual, la votación popular reafirmó la corriente a favor de que la comunicación sea regulada y no un emporio privado.

Ver infografía ampliada