De 2007 a 2015, la fuerza pública experimentó importantes cambios, no exentos de polémica y oposición. FF.AA. recibió una inversión acumulada de $ 1.718 millones, casi 6 veces más de lo invertido entre 2000 y 2006, que fue de $ 307 millones.

En la Policía Nacional se invirtieron $ 800 millones en infraestructura y equipos, 8 veces más de colocado por gobiernos anteriores en igual período.

En el aspecto humano mejoraron sustancialmente los ingresos de los uniformados. Entre 2006 y 2015 los salarios de los oficiales de las FF.AA., en promedio, se multiplicaron 5,74 veces. A su vez, el personal de tropa aumentó en 7,86 veces su salario promedio durante el mismo período.

En 2006, el salario de un soldado llegaba a $ 118, hoy está en $ 933. El sueldo de un capitán era de $ 598, hoy bordea los $ 2.390. La nómina actual de las FF.AA. incluye a 41.354 militares. La reforma en camino prevé, para 2025, bajar a 30.000.

En el ámbito policial, en 2006, un policía ingresaba con un sueldo de $ 310, hoy inicia con $ 933. Los oficiales empezaban con $ 398 mensuales, hoy lo hacen con $ 1.400. Se registran 45.000 policías.

Todos los uniformados son beneficiarios de programas de vivienda, tienen derecho al voto ciudadano, ya no están regidos por el sistema de justicia especial (la militar y la policial), sino por la ordinaria. Mejoró el equipamiento de las unidades. Por primera vez llegaron mujeres al grado de general. Y desde este año, todos los miembros de las instituciones tendrán acceso a los comedores, la comida, lugares de esparcimiento, casinos, entre otras instalaciones, sin discriminación de rango o cargo.

En 9 años de gobierno se designaron 8 ministros de Defensa, todos civiles. Esta decisión política no fue bien vista por algunos militares. Por ota parte, al inicio del Gobierno, altos oficiales de la Armada Nacional dirigieron Petroecuador, durante 3 años.

En la Policía, a más de la revuelta e intento de golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010, alrededor de 4.000 miembros se sometieron al polígrafo. También hubo corrupción e indisciplina.

Este año, personal en servicio pasivo de las dos instituciones de seguridad pública protestó por las reformas a las leyes de seguridad social, de las FF.AA. y de la Policía, aprobadas por la Asamblea. (I)

EL HECHO RELEVANTE

30-S: momento crítico para la democracia y punto de quiebre en la agenda del Gobierno

El 29 de septiembre de 2010 la Asamblea Nacional se allanó al veto presidencial y dispuso la vigencia de la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep). Esta norma legal permitía que el magisterio se uniera a todos los servidores públicos, y a los policías y militares se les retiraba las bonificaciones por ascensos, condecoraciones, reconocimientos, aniversarios y regalos navideños para sus hijos.

Esta fue la causa para que, al día siguiente, se produjera uno de los hechos políticos más violentos y repudiados de la historia del Ecuador: el 30-S.

Hubo 7 muertos, alrededor de 300 heridos e incalculables daños materiales, producto de la rebelión policial, intento de magnicidio, secuestro, sabotaje, atentado contra la seguridad del Estado y una pretendida desestabilización democrática.

En las primeras horas del 30 de septiembre de 2010, en el Regimiento Quito, cientos de policías se congregaron en los exteriores para rechazar la aprobación de la citada ley, suspendieron sus labores, otros impidieron el ingreso de todos los funcionarios a la Asamblea Nacional. A su vez, hubo militares que se concentraron en las afueras del Ministerio de Defensa y un grupo de elementos de la FAE bloqueó la pista del antiguo aeropuerto internacional Mariscal Sucre.

A media mañana, el presidente Correa acudió al Regimiento Quito; explicó a los manifestantes los beneficios de la normativa, en respuesta se desató el caos. El Mandatario fue agredido con una granada de gas lacrimógeno y resultó lesionado en una de sus rodillas recientemente operada.

Correa fue llevado al Hospital de la Policía, los protestantes lo rodearon; Correa dijo que estaba secuestrado y declaró desde allí un estado de excepción que movilizó a las FF.AA. para evitar el golpe de Estado. Además, ordenó una cadena nacional de 8 horas ininterrumpidas.

Hacia la tarde, convocados por el movimiento de gobierno, Alianza PAIS, junto a varios ministros, una multitud de respaldo llegó al hospital y al Palacio de Carondelet para exigir la liberación del Presidente. Alrededor de las 21:00, en medio de un tiroteo entre policías y militares que duró más de 20 minutos y fue transmitido en vivo por la TV, Correa fue liberado. En distintas partes del país se reportaron manifestaciones, disturbios y saqueos durante esos acontecimientos. La justicia abrió 74 casos por el 30-S y sentenció a 251 personas. (I)