Amenazas y paralizaciones estudiantiles son parte del pasado. Dichas prácticas quedaron eliminadas en el Gobierno actual. Las últimas protestas ocurrieron en 2009. Fue el inicio de la desaparición de la Unión Nacional de Educadores (UNE), feudo político del extinto Movimiento Popular Democrático (MPD), hoy Unidad Popular (UP), de modo que el cambio en el sector educativo no se dio únicamente combatiendo la correlación de fuerzas políticas, sino también emprendiendo una profunda gestión para mejorar la infraestructura física.    

El Gobierno ha invertido en el sector $ 22.000 millones en 10 años. La política integral educativa incluyó también la evaluación y capacitación de los docentes para mejorar la calidad de la educación. Entre 2007 y 2014, el rubro capacitación llegó a $ 100 millones. La capacitación docente es prioridad estatal, y allí calzan programas como ‘Soy Maestro’, para acceder a maestrías. En la primera fase se beneficiaron 2.300 catedráticos. Se añaden mejoras salariales: en 2006 un maestro ganaba de $ 90 a $ 200 mensuales y hoy su sueldo oscila entre $ 600 y $ 1.600. Para elevar la calidad de la educación superior se creó el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Luego de la evaluación se cerraron 17 universidades que no cumplieron con los estándares requeridos y empezó la categorización. De las 52 universidades en el país, 6 son de excelencia. Se agrega la creación de 4 universidades: Yachay, de las Artes, Ikiam y UNAE (esta última para formar docentes). Según la Unesco, Ecuador es el segundo país que más ha mejorado en la región y el que más invierte en educación superior: 2% del PIB ($ 2.000 millones). El mejoramiento de la calidad y la gratuidad generaron que, entre 2007 y 2015, subieran las matrículas en bachillerato de la población más pobre, que pasó de 36,5% a 57,3%. Nacieron las Unidades del Milenio, que dan educación integral: 200 tienen acreditaciones de bachillerato internacional. El ingreso a la universidad se norma mediante una prueba previa y gratuita. Los mejores puntuados pueden acceder a becas internacionales. De 1995 a 2006 hubo 237 becados, mientras que entre 2007 y 2015 el alza fue exponencial: el Gobierno entregó 14.276 becas. (I)

EL HECHO RELEVANTE

La atención a personas con discapacidad dejó de ser dádiva y se volvió una política de Estado

Entre 2007 y 2012 el trabajo del vicepresidente de la República, Lenín Moreno, se concentró en el área social. El objetivo central: visibilizar a las personas con discapacidades. Primero se aplicó el programa ‘Ecuador sin Barreras’, a través del cual se ayudó a los ecuatorianos en situación de vulnerabilidad.

El primer paso fue determinante: declarar en estado de emergencia a todo el sistema de prevención de  discapacidad; luego, dar atención y provisión de ayudas técnicas e insumos médicos, accesibilidad, registro y capacitación. A través del Decreto 1188 se encargó a la Vicepresidencia una reforma integral del sistema. El objetivo fue ofrecer calidad de vida a las personas con discapacidad e implementar los contenidos de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Una vez obtenido el registro, inmediatamente se creó la Misión Manuela Espejo.

En Ecuador se registran más de 1,6 millones de personas con discapacidades, es decir, el 10% de la población total del país. El cambio fue drástico. Hasta 2006 se atendía a 5.039 personas y en 2015 esa cifra llegó a 128.652 ciudadanos de todas las edades, muchos de ellos en condiciones de extrema pobreza. Se sumó a ello la entrega del bono Joaquín Gallegos Lara para aquel familiar que se hizo cargo de atender a una persona con discapacidad. Las cifras son elocuentes: solo en 2015 el Estado ecuatoriano invirtió más de $ 165 millones en servicios para personas con discapacidad, en centros diurnos, acogimiento institucional, atención domiciliaria, pensiones no contributivas y bono Joaquín Gallegos Lara. El éxito del trabajo en favor de las personas con discapacidad -reconocido dentro y fuera del país- se logró con la participación integral de diversos ministerios: Educación, Vivienda, Industrias, entre otros, que aportaron al mejoramiento del nivel de vida de este sector, otrora marginado de la población. El Ministerio de Vivienda (Miduvi), por ejemplo, tiene previsto entregar 20.000 casas acopladas para las personas con discapacidades hasta 2017. El Gobierno, a través del Miduvi, se encarga de facilitar el acceso a una vivienda digna. El programa Manuela Espejo es un referente en   Latinoamérica y se replica en otros países, con asistencia y asesoramiento de Ecuador. El acceso de estas personas a un mejor nivel de vida está reconocido en la Constitución como un derecho. (I)