Las intensas lluvias que afectan al país cada año han llevado a reforzar estrategias para proteger a la comunidad educativa. Ante este panorama, se han implementado acciones para minimizar los efectos de la temporada invernal en las instituciones educativas, mediante medidas preventivas y coordinaciones con organismos de emergencia como el ECU 9-1-1, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Ecuatoriana y autoridades de tránsito.

Una de las estrategias clave ha sido el fortalecimiento del sistema de alerta temprana, la actualización de niveles de susceptibilidad a nivel nacional y el uso de herramientas como geovisores y cartografía especializada. Estos mecanismos permiten anticipar posibles emergencias y tomar decisiones oportunas para evitar interrupciones en la educación.

Además, se han distribuido insumos esenciales en zonas vulnerables, garantizando la continuidad del aprendizaje en los sectores más afectados. Entre los recursos entregados están kits de inundaciones, materiales escolares y equipos de emergencia, incluyendo suministros para la prevención de enfermedades respiratorias, comunes en esta temporada.

Durante 2024, se realizaron más de 4.400 simulacros de evacuación en distintos puntos del país, de los cuales 35 fueron específicamente para eventos asociados a lluvias intensas. Estas capacitaciones han sido fundamentales para que estudiantes, docentes y personal administrativo sepan cómo reaccionar en caso de emergencias.

En paralelo, el mantenimiento de la infraestructura educativa ha sido una prioridad. En octubre de 2024, se llevó a cabo el ‘Mingatón’, una jornada de limpieza y adecuación en más de 5.000 planteles, donde se realizaron trabajos de desagüe, limpieza de cañerías y fumigaciones para evitar la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue y el zika.

Las cifras muestran una reducción en el impacto de la temporada lluviosa sobre el sistema educativo. En 2023, 1.226 instituciones suspendieron clases por inundaciones y tormentas, mientras que en 2024 la cifra bajó a 734 y, en lo que va de 2025, solo 215 han requerido atención, sin necesidad de interrupción de actividades gracias a la aplicación de los Planes de Continuidad Educativa (PCE).

El reto continúa, y con monitoreo constante y estrategias de prevención, el país busca garantizar espacios de aprendizaje seguros para niños y jóvenes, reduciendo la vulnerabilidad de las instituciones ante fenómenos naturales.