En junio de este año, mediante  Decreto Ejecutivo, se crea el Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares con el fin de proponer política pública para prevenir, ordenar y controlar asentamientos humanos irregulares; coordinar la ejecución interinstitucional de dicha política; y evaluar sus resultados.    

El nuevo organismo está integrado por los ministerios Coordinador de Desarrollo Social (que lo preside); Coordinador de Seguridad; Desarrollo Urbano y Vivienda; Justicia; y Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. A estos entes se suman el gerente general del  Banco del Estado y el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).       

Parte de esta organización es una Secretaría Técnica, cuyo titular es Julio César Quiñónez, ex Intendente de la Policía del Guayas, quien explica que tendrá como misión coordinar, focalizar y concentrar la atención en el trabajo que han venido haciendo varias instituciones del Estado. Según el funcionario, desde hace dos meses el ente, con sede en Guayaquil, ya opera en el país para controlar las invasiones.   

En los dos primeros meses, ¿qué han hecho? 

Hemos avanzado en el levantamiento de información calificada  de todos los ministerios que trabajan en el frente social a nivel de seguridad. La intención es contar en este año con una georreferenciación y un levantamiento planimétrico de la situación de los asentamientos humanos irregulares en el país, sobre todo, de los sectores más conflictivos. Para poder generar política pública hay que conocer el tamaño del problema.

Es importante que la ciudadanía denuncie los intentos de generar una invasión al teléfono 1-800 delito. Estamos controlando no solo al invasor, sino al lotizador informal, al que construye pequeñas ciudades y  urbanizaciones sin permisos y luego termina estafando a toda la gente.

El haber elegido a Guayaquil como sede de este organismo, ¿tiene alguna relación con los índices de invasiones en este cantón?

En esta provincia (Guayas) tenemos los casos que han sido más de conocimiento público y porque también este gobierno tiene como inspiración el desconcentrar el tema de la administración pública.

¿Qué harán cuando encuentren la invasión?

Las que no son consolidadas, que tienen menos de uno o dos años, serán desalojadas, es decir, vamos a actuar inmediatamente. Y se levantará la información de las que tengan algún nivel de consolidación, se investigará  quién  engañó a la gente y se judicializará al traficante o a la gente que lotizó ilegalmente. Pero daremos una respuesta social a quienes ya viven allí. Para los procesos habitacionales consolidados la respuesta tiene que ser otra desde el Gobierno. Allí tienen que llevarse los servicios públicos y cubrir la necesidades.

¿A quiénes se considera consolidados?

A aquellos grupos habitacionales que ya tienen tiempo en el lugar, estamos hablando de 3, 4 ó 5 años.

¿Qué sitios conflictivos han detectado?

En Esmeraldas, Durán, Babahoyo. Tenemos denuncias sobre las que estamos respondiendo inmediatamente.  En Guayaquil tenemos el caso de Monte Sinaí, que es donde ya ha intervenido el Gobierno con  fuerza y donde  hay que darle más, pero en sentido de culminar las reubicaciones, completar los proyectos de vivienda y llevar todos los servicios básicos. 

Estos asentamientos obedecen a la lógica del ordenamiento urbano, expansión interna y regional. Son muchos factores a los que no se puede dar respuesta exacta. Esto existe desde la década del 50. Las expansiones de las grandes ciudades se han registrado, en altos porcentajes, por ocupar tierras que se creían desocupadas, también por grupos delictivos identificados políticamente que han hecho de los asentamiento sus negocios.

¿El Comité interviene en invasiones hechas a cualquier tipo de terrenos?    

Hablamos de asentamientos denominados irregulares. Si hay conflicto entre dos personas por un predio, ese es un tema que va a la justicia ordinaria; si es un tema de una resolución de la Subsecretaría de Tierras, sobre un sector o hacienda en un conflicto de intereses entre particulares, ese tema va a la justicia ordinaria en las instancias administrativas correspondientes. Nosotros hacemos énfasis en asentamientos humanos diferentes, que pueden expandirse; y que amenacen los predios del Estado. 

El Municipio de Guayaquil, hace poco, informó que en la ciudad no hay invasiones porque no existen terrenos del Cabildo ocupados. Los terrenos ocupados, aclaró, son particulares. ¿Eso es verdad?

En Guayaquil no hay nuevas invasiones, eso ha sido controlado desde la decisión que tomó el Presidente de ponerles un pare. En la ciudad hay  zonas ocupadas que están fuera del perímetro urbano, pero ya están consolidadas. Usted ve zonas como la Sergio Toral 3 y en la Avenida Casuarina que tienen más de 5 años. Allí hay que trabajar en una lógica en conjunto con el Municipio para legalizar y ordenar a la gente que está allí desde antes de este Gobierno.

¿Cuáles son las zonas de Guayaquil que van a poder intervenir con esta política?

En todo el país y en Guayaquil lo que esté dentro o fuera del perímetro urbano. Para nosotros lo principal es el ser humano y sus derechos.

El Cabildo porteño, en algún momento, señaló que no ha intervenido en Monte Sinaí porque no se lo han permitido. ¿Tiene la potestad de hacer obras allí?

El Municipio es el que demarca y delimita las zonas urbanas, que son las de su competencia. En todo caso, el cabildo es el que tiene sus proyectos de expansión de la zona urbana correspondiendo a su densidad poblacional... Son lógicas y políticas que ellos tienen que definir y que, por supuesto, podrían intervenir si hubiese la voluntad política.

¿Van a establecer acercamientos (con el Municipio) para intervenir en los asentamientos?

Vamos a trabajar en coordinación con los municipios que quieran combatir los focos de miseria y nuestra alternativa es establecer los diálogos  necesarios. Pero si no avanzan de esa manera, no vamos a esperar a darle respuesta a la gente que la necesita desde hace 7 y 8 años.

¿Tienen plazos para obtener ciertos resultados?

Sí, el levantamiento y la georreferenciación deben estar entre octubre y  noviembre, y debemos tener un diseño claro de acciones importantes y de impacto. 

¿Qué pasará con las personas que ya fueron identificadas, en años pasados, como traficantes de tierras?

Están prófugas. El Gobierno ha hecho lo suyo, ahora estamos presionando para que la justicia actúe. Precisamente, si están prófugos, una de las respuestas es que vayan a la lista de los más buscados. Tenemos el 1800 delitos para que la gente denuncie esto. Además, tenemos identificados nuevos casos en Esmeraldas y Guayaquil. En este último cantón hay una urbanización y una lotización irregulares, que queremos judicializar pronto.